viernes, 17 de febrero de 2017

LAS FALTAS Y SANCIONES EN EL MAGISTERIO

(LA LEY Nº 29944 Y  D.S. Nº 004-2013-ED)
En momentos que  el actuar punitivo del Estado, con respecto al docente de la escuela pública, se ha endurecido; llegando al extremo de iniciar un procedimiento administrativo disciplinario, muchas veces sin ninguna prueba fehaciente o suficiente, terminan por perjudicar o arruinar a la persona, al profesional, al docente con injustas e ilegales sanciones.
Somos testigos, de cómo se construye procedimientos administrativos disciplinarios, sustentado muchas veces en acusaciones o imputaciones subjetivas, incongruentes e inconsistentes, carentes de instrumentales probatorios, que puedan justificar las sanciones administrativas que recomiendan los integrantes de la Comisiones de Procedimiento Administrativo Disciplinario. Siendo víctima de estas malas actuaciones los profesores, quienes a pesar de declarar su inocencia, son sancionados sin mostrar ninguna evidencia.
Las víctimas, es decir, los docentes sancionados, muy pocas veces impugnan las sanciones impuestas, el grupo reducido que logra impugnar las sanciones, muchas veces logran tener resultados cuasi favorables, digo esto, porque por ejemplo en Lima Metropolitana, el Tribunal de Servicio Civil declara solo la NULIDAD DE OFICIO de los actos impugnados, obligando a iniciar nuevamente el procedimiento administrativo disciplinario. Pocas veces declara FUNDADO LA APELACIÓN, y revoca la Resolución Directoral que contiene el acto sancionador. Pero en ambos casos, no se pronuncia por la responsabilidad administrativa de los que ocasionaron el vicio procesal o la falsa imputación; por el contrario se mantiene como víctima al docente, quien pese a demostrar que el procedimiento ha sido mal llevado o que no ha cometido la falta, continua perjudicado, pues le quitaron su trabajo, su sueldo, sus aportes al sistema pensionario y lo postraron como un mal pagador de sus deudas que adquirió para poder sobrevivir.    
En ese contexto se hace necesario dar una revisión a las normas que regulan el Procedimiento Administrativo Disciplinario Docente, siendo este primer aporte, el avocarnos al análisis y/o distinción de los conceptos: FALTA e INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.
Para encontrar los conceptos normativos de FALTAS  e INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS, vamos acudir al Art. 77° del D.S. N° 004-2013-ED, que define lo indicado respectivamente:
-          La norma citada, conceptualiza a la falta como toda acción u omisión, voluntaria o no, que contravenga los deberes señalados en el Art. 40° de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, dando lugar a la aplicación de la sanción administrativa correspondiente.
-          Por otra parte, la misma norma, define a la infracción, como la conducta que vulnera los principios, deberes y prohibiciones de los artículos 6, 7 y 8 de la Ley Nº 27815 – Ley del Código de Ética de la Función Pública, dando lugar a la aplicación de la sanción administrativa correspondiente.
Distinción que es importante tenerse en cuenta, pues para la norma legal que reglamenta el Procedimiento Administrativo Disciplinario para los Docentes, establece con claridad meridiana cuando un docente ha cometido una falta administrativa; esto es, cuando su conducta contraviene, vulnera o incumple los preceptos normativos regulados en el Art. 40° de la Ley N° 29944, en ese momento, se materializa la comisión de una falta administrativa.
Ahora preguntémonos, qué regula el Art. 40º de la Ley Nº 29944, regula los deberes que debe cumplir los profesores que pertenecen a este régimen laboral, tales como:
a.       Cumplir en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes, realizando con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, en sus etapas de planificación, trabajo en aula y evaluación, de acuerdo al diseño curricular nacional.
b.       Orientar al educando con respeto a su libertad, autonomía, identidad, creatividad y participación; y contribuir con sus padres y la dirección de la institución educativa a su formación integral. Evaluar permanentemente este proceso y proponer las acciones correspondientes para asegurar los mejores resultados.
c.       Respetar los derechos de los estudiantes, así como los de los padres de familia.
d.       Presentarse a las evaluaciones médicas y psicológicas cuando lo requiera la autoridad competente, conforme a los procedimientos que establezca el reglamento.
e.       Cumplir con la asistencia y puntualidad que exige el calendario escolar y el horario de trabajo.
f.        Aportar en la formulación del proyecto educativo institucional, asumiendo con responsabilidad las tareas que les competan.
g.       Participar, cuando sean seleccionados, en las actividades de formación en servicio que se desarrollen en instituciones o redes educativas, Unidades de Gestión Educativa Local, Direcciones Regionales de Educación o Ministerio de Educación.
h.       Presentarse a las evaluaciones previstas en la Carrera Pública Magisterial y a las que determinen las autoridades de la institución educativa o las entidades competentes.
i.         Ejercer la docencia en armonía con los comportamientos éticos y cívicos, sin realizar ningún tipo de discriminación por motivos de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole.
j.         Conocer, valorar y respetar las culturas locales, en el ámbito nacional, y la lengua originaria.
k.       Contribuir a la afirmación y desarrollo cultural y ciudadano de los miembros de la institución educativa de la comunidad local y regional.
l.         Informar a los padres de familia sobre el desempeño escolar de sus hijos y dialogar con ellos sobre los objetivos educativos y la estrategia pedagógica, estimulando su compromiso con el proceso de aprendizaje.
m.     Cuidar, hacer uso óptimo y rendir cuentas de los bienes a su cargo que pertenezcan a la institución educativa.
n.       Asegurar que sus actividades profesionales se fundamenten en el respeto mutuo, la práctica de los derechos humanos, la Constitución Política del Perú, la solidaridad, la tolerancia y el desarrollo de una cultura de paz y democrática.
o.       Coadyuvar al trabajo en equipo de los profesores de la institución educativa y, si fuera el caso, de las instancias de gestión educativa descentralizada.
p.       Participar en los sistemas tutoriales que desarrolle la institución educativa.
q.       Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia.
El docente para que cometa una FALTA ADMINISTRATIVA, debe incumplir cualquiera de estos deberes contenidos en la norma precitada; y de acuerdo a ello, se va ponderar la clase de falta administrativa en la que incurre, es decir, si es una falta leve, grave o muy grave; y las autoridades competentes para ejecutar el procedimiento administrativo disciplinario.
Por ejemplo, si un docente no cumple con la entrega de sus documentos técnico pedagógico (programación, unidades y/o sesiones de aprendizaje), se puede decir que incumple sus deberes regulados por el literal a) del Art. 40º de la acotada Ley Nº 29944; y por lo tanto esta inmerso en una falta administrativa. Ahora, se hace necesario de ponderar la gravedad de la falta, a efectos de clarificarla.  
De otra parte, si el docente muestra un comportamiento que vulnere los principios, deberes y prohibiciones regulados por los Arts. 6°, 7° y 8° de la Ley N° 27815, se dirá que ha cometido una infracción administrativa; por lo tanto, debemos avocarnos a revisar estos artículos, a efectos de conocer las conductas que se exigen para no vulnerar las normas contenidas en ellas. Así tenemos:
“Artículo 6.- Principios de la Función Pública
El servidor público actúa de acuerdo a los siguientes principios:
1.       Respeto
Adecua su conducta hacia el respeto de la Constitución y las Leyes, garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos, se respeten los derechos a la defensa y al debido procedimiento.
2.       Probidad
Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona.
3.       Eficiencia
Brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo, procurando obtener una capacitación sólida y permanente.
4.       Idoneidad.
Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial para el acceso y ejercicio de la función pública. El servidor público debe propender a una formación sólida acorde a la realidad, capacitándose permanentemente para el debido cumplimiento de sus funciones.
5.       Veracidad
Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los  miembros de su institución y con la ciudadanía, y contribuye al esclarecimiento de los hechos.
6.       Lealtad y Obediencia
Actúa con fidelidad y solidaridad hacia todos los miembros de su institución, cumpliendo las órdenes que le imparta el superior jerárquico competente, en la medida que reúnan las formalidades del caso y tengan por objeto la realización de actos de servicio que se vinculen con las funciones a su cargo, salvo los supuestos de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, las que deberá poner en conocimiento del superior jerárquico de su institución.
7.       Justicia y Equidad
Tiene permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones, otorgando a cada uno lo que le es debido, actuando con equidad en sus relaciones con el Estado, con el administrado, con sus superiores, con sus subordinados y con la ciudadanía en general.
8.       Lealtad al Estado de Derecho
El funcionario de confianza debe lealtad a la Constitución y al Estado de Derecho. Ocupar cargos de confianza en regímenes de facto, es causal de cese automático e inmediato de la función pública”.
Artículo 7.- Deberes de la Función Pública
El servidor público tiene los siguientes deberes:
1.       Neutralidad
Debe actuar con absoluta imparcialidad política, económica o de cualquier otra índole en el desempeño de sus funciones demostrando independencia a sus vinculaciones con personas, partidos políticos o instituciones.
2.       Transparencia
Debe ejecutar los actos del servicio de manera transparente, ello implica que dichos actos tienen en principio carácter público y son accesibles al conocimiento de toda persona natural o jurídica. El servidor público debe de brindar y facilitar información fidedigna, completa y oportuna.
3.       Discreción
Debe guardar reserva respecto de hechos o informaciones de los que tenga conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de los deberes y las responsabilidades que le correspondan en virtud de las normas que regulan el acceso y la transparencia de la información pública.
4.       Ejercicio Adecuado del Cargo
Con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones el servidor público no debe adoptar represalia de ningún tipo o ejercer coacción alguna contra otros servidores públicos u otras personas.
5.       Uso Adecuado de los Bienes del Estado
Debe proteger y conservar los bienes del Estado, debiendo utilizar los que le fueran asignados para el desempeño de sus funciones de manera racional, evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento, sin emplear o permitir que otros empleen los bienes del Estado para fines particulares o propósitos que no sean aquellos para los cuales hubieran sido específicamente destinados.
6.       Responsabilidad
Todo servidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su función pública.
Ante situaciones extraordinarias, el servidor público puede realizar aquellas tareas que por su naturaleza o modalidad no sean las estrictamente inherentes a su cargo, siempre que ellas resulten necesarias para mitigar, neutralizar o superar las dificultades que se enfrenten.
Todo servidor público debe respetar los derechos de los administrados establecidos en el artículo 55 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Artículo 8.- Prohibiciones Éticas de la Función Pública
El servidor público está prohibido de:
1.       Mantener Intereses de Conflicto
Mantener relaciones o de aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimento de los deberes y funciones a su cargo.
2.       Obtener Ventajas Indebidas
Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros, mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia.
3.       Realizar Actividades de Proselitismo Político
Realizar actividades de proselitismo político a través de la utilización de sus funciones o por medio de la utilización de infraestructura, bienes o recursos públicos, ya sea a favor o en contra de partidos u organizaciones políticas o candidatos.
4.       Hacer Mal Uso de Información Privilegiada
Participar en transacciones u operaciones financieras utilizando información privilegiada  de la entidad a la que pertenece o que pudiera tener acceso a ella por su condición o ejercicio del cargo que desempeña, ni debe permitir el uso impropio de dicha información para el beneficio de algún interés.
5.       Presionar, Amenazar y/o Acosar

Ejercer presiones, amenazas o acoso sexual contra otros servidores públicos o subordinados que puedan afectar la dignidad de la persona o inducir a la realización de acciones dolosas.

domingo, 12 de febrero de 2017

EL PAGO DE PREPARACIÓN DE CLASES Y EVALUACIÓN PARA LOS CESANTES DEL D. LEY 20530



NO EXISTE ENTONCES JUSTIFICACIÓN LEGAL, QUE PERMITA QUE ESTE DERECHO NO SE LE RECONOZCA A LOS PROFESORES DEL RÉGIMEN PENSIONARIOS REGULADO POR EL D. LEY 20530.

viernes, 3 de febrero de 2017

NO PERMITIR EL ABUSO DE LAS AUTORIDADES DEL MINEDU, DRE Y UGEL CONTRA EL MAESTRO CESANTE POR LIMITE DE EDAD


Un caso lamentable, cesar a un docente por límite de edad el 31 de diciembre del 2016, dejarle sin pagar sus vacaciones de enero y febrero en el 2017, quitarle su escolaridad; emitiendo una Resolución Directoral, donde se reconoce una CTS y Vacaciones Truncas, que seguro serán pagados en diciembre del 2017”. UN INSULTO, UN ABUSO, UNA AGRESIÓN Y UNA BOFETADA, QUE SOLO SE VE EN EL SECTOR EDUCACIÓN, CONTRA SUS MAESTROS.

Es de conocimiento público, que  un maestro cuando cumple los 65 años de edad es compulsivamente despedido del trabajo; retiro por límite de edad, que se ha implementado a partir de la vigencia de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, que expresamente señala:
“Artículo 53. Término de la relación laboral
El retiro de la Carrera Pública Magisterial de los profesores se produce en los siguientes casos:
(…)
d) Por límite de edad, al cumplir 65 años”.
Esta forma de despido y/o término de la relación laboral, es regulado por el Art. 114 del Decreto Supremo N° 004-2013-ED, Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, que precisa que el profesor es retirado definitivamente al cumplir sesenta y cinco (65) años de edad. El retiro se efectúa de oficio debiendo la administración comunicar del hecho al profesor en un plazo no menor de quince (15) días calendario previos al retiro.
Dispositivos legales que las Autoridades de las Direcciones Regionales de Educación y Unidades de Gestión Educativas Locales las implementan taxativamente; no les importa los derechos laborales del docente cesado por límite de edad. No se siente con la obligación de pagar los beneficios laborales, es decir, su Compensación por Tiempo de Servicio y sus Vacaciones Truncas; para ellos lo más importante es despedir al docente, mostrando insensibilidad con respecto al reconocimiento y pago de sus beneficios laborales, que a veces son abonados después de suplicas, reclamos y demandas de los afectados, cuando han pasado varios meses y hasta años, en algunos casos.
Bajo estas circunstancias es común ver como se cesan docentes por límite de edad, v. gr. ceses con fecha al 31 de diciembre de cada año; decisión administrativa, que tiene como finalidad impedir que el docente cobre y goce los haberes que corresponde por sus vacaciones de enero y febrero del siguiente año; y con ello también impiden el abono de la escolaridad, pese a reunir los requisitos para percibirlos.
ACCIÓN ADMINISTRATIVA, QUE SE DEBE CONSIDERAR COMO UN ASALTO AL DOCENTE CESANTE, CON ALEVOSÍA, PREMEDITACIÓN Y VENTAJA, PUES SE APROPIAN DE LOS HABERES Y/O REMUNERACIONES DEL DOCENTE QUE HA LABORADO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, Y QUE POR COSAS DE LA VIDA CUMPLE AÑOS EN NOVIEMBRE, DICIEMBRE, ENERO O FEBRERO. CON LO QUE IMPIDEN QUE COBRE LAS VACACIONES, EN SU LUGAR LE CALCULAN UNA VACACIONES TRUNCAS, SIN CONSIDERAR LA ESCOLARIDAD. DINERO QUE SEGURAMENTE SE PAGARAN A FINES DEL AÑO EN CURSO,  Y DESPUÉS DE TANTOS RECLAMOS DEL AFECTADO.
Posiblemente este tema no sea de interés del magisterio en su conjunto, pues los que se encuentran en actividad, todavía no les toca vivir esta tragedia, abusiva e injusta. Ese desinterés debe cambiar, y llamar a una postura de protesta, pues el magisterio que es retirado por límite de edad, debe ser reconocido y honrado al menos con el PAGO OPORTUNO DE SU CTS, y el reconocimiento de todos los derechos que le corresponde, de acuerdo a la fecha de sus CESE POR LIMITE DE EDAD, es decir, se debe abonar sus aguinaldos, gratificaciones, vacaciones y escolaridad.

Considero que es un tema, que debe ser tomado en cuenta y anotado en la plataforma de lucha del gremio-SUTEP-, pues es único interlocutor entre las Autoridades Administrativas y los maestros en general, que permita asegurar que el docente al ser cesado por limite de edad, tenga asegurado el pago de sus CTS y los beneficios que le corresponda de acuerdo a la fecha de sus cese. 

jueves, 2 de febrero de 2017

MINEDU deja sin efecto resoluciones que reincorpora a directores y pasarán a disposición del área de Personal de la UGEL


Mediante el Oficio Múltiple 009-2017, emitido el 31 de enero, el Ministerio de Educación (Minedu) dejó sin efecto las resoluciones mediantes las cuales, la Dirección Regional de Educación de Áncash y las UGEL, reincorporaron a los directores y subdirectores que desaprobaron el concurso de méritos del 2012.
El documento, enviado específicamente por la Dirección Técnica Normativa del Minedu, dice que la Oficina General de Asesoría Jurídica (OGAJ) ha advertido que el Juzgado Mixto Unipersonal de Rodríguez de Mendoza "no ha previsto de manera expresa en el mandato cautelar, cuál será la situación laboral de los directivos designados en el marco de los concursos públicos realizados en el marco de la ley de Reforma Magisterial".
Asimismo, el oficio indica que las leyes N° 24029 y N° 29062 que regulan las funciones de los docentes desaprobados no tienen marco legal vigente debido a que ambas normas legislativas fueron derogadas por la Ley de Reforma Magisterial.
En virtud de lo antes expuesto, el Minedu, a través de la Dirección Técnica Normativa, informa que no se modificará la información de ningún sistema informático (NEXUS, SUP, SIAGE) que afecte los derechos de los directivos que ganaron una plaza por concurso de méritos.
En ese sentido, declara la nulidad de las resoluciones de reposición y ordena que de manera temporal los directores y subdirectores desaprobados sean "puestos a disposición del área de Personal de la UGEL" que les corresponde, hasta que se resuelva de manera definitiva el proceso o se deje sin efecto el mandato cautelar.

sábado, 14 de enero de 2017

MODIFICATORIA DE LA LEY DE REFORMA MAGISTERIAL 29944

Escrito por el Magíster Máximo Monteza Flores
Expositor e Investigador de A.C.E.J.A “ENCINAS FRANCO”


Desde mi óptica, desde que se inició el DEBATE del proyecto de LEY DE REFORMA MAGISTERIAL 29944, la ley de carrera 29062, 24029, modificatoria 25212, todas a leyes Magisteriales desde su aprobación y Publicación "Es una LEY MUERTA" esta categoría para muchos seguramente desconocida en su vocabulario pedagógico magisterial. NACIO DESFINANCIADA. Otro si digo: La clase política que dirige el estado peruano en casi sus 200 años de vida "Independiente" o de dependencia al modelo económico Español, Francés, Anglosajón (Estados Unidos, Inglaterra) es una clase política "APATRIDA", sin patria, siempre han gobernado para los intereses del GRAN CAPITAL. eso evidencia que le ESCUELA PÚBLICA, no les interesa. cuando sostengo que la "LEY DE REFORMA 29944 NACE MUERTA" NACE SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO, de ahí que desde su vigencia noviembre del 2012, el Ministerio de Educación y sus órganos desconcentrados han estado a merced de crédito suplementario para pagar encargaturas de direcciones, subdirecciones, especialistas, Especialistas pedagógicos territoriales, Capacitación, soporte pedagógico implementación de aulas funcionales en Jornada Escolar Completa, etc. es una ley que no tiene sostenibilidad, factibilidad en el tiempo, de ahí que en menos de 4 años el ejecutivo del gobierno de PPK, hace modificaciones para poder aumentar a los maestros desde la I escala hasta la VIII. El colmo modifica en la ley en su forma primigenia de los montos que deben percibir y ahora los montos los reduce de la segunda a la octava escala, vale decir que de la misma correa saldría el supuesto aumento. y por eso envían al legislativo para que aprueben las modificaciones en materia económica, y otros art. de la ley 29944.
Conclusión:
1. Se hace necesario que la ley 29944 este financiada en el largo plazo.
2. Que se ejecute el art. 83° de la ley 28044 ley general de educación presupuesto para educación del 6% del PBI.
3. Que se ponga en ejecución el Objetivo Estratégico IV del PEN, 6% del PBI para Educación.
4. Que se cumpla la política 12 del acuerdo Nacional incrementar el 6% para educación.
5. Brindar financiamiento del 100% para la vivienda magisterial de los maestros en situación de vulnerabilidad económica.
6. Derogar el D.S. 882 ley que da origen a la privatización de los servicios públicos en educación y hace que la  educación sea una mercancía y no servicio básico esencial e importante para el desarrollo del país.
7. Mejorar las condiciones de vida de los Maestros del Perú.
8. Brindar alimentación escolar en todo el país.
9. Mejorar la infraestructura.



SOBRE LA MODIFICATORIA DE LA LEY N° 29944-LEY DE REFORMA MAGISTERIAL

Que, independiente de donde provenga el proyecto de Ley de la Reforma Magisterial, que intenta modificar los Artículos 11°, 28° y 35° de la Ley de Reforma Magisterial, considero que existe cierta sensatez y justicia en lo que corresponde a la EVALUACIÓN PARA ASCENSO, pues las exigencias para que un docente ascienda de una escala a otra, no pueden estar supeditada a una EVALUACIÓN ESTANDARIZADA, AVECES NO MUY TRANSPARENTE, que no mide de forma objetiva y veraz el desempeño del docente en el Aula, en la II.EE y en su Comunidad, aspecto que está Ley, lo toma en consideración.
Por otra parte, tiene el propósito de resarcir la situación de los maestros interinos, que con solo una EXAMEN TEORICO, fueron despedidos del magisterio, pese a tener el Título Pedagógico, grados y demás méritos académicos, y más aún todavía, en muchos casos, eran muy buenos maestros, reconocido por sus alumnos y padres de familia. Darles una segunda oportunidad bajo los parámetros de este proyecto de Ley, no solo es justo, legal, sino es actuar con equidad y derecho.
En cuanto al problema de las escalas magisteriales, creo que nuevamente un ascensor en el magisterio, es baja y sube, pues con la primigenia Ley N° 24029, se estableció 8 Niveles Magisteriales; con su modificatoria Ley N° 25212, se bajó a 5 Niveles; y con la cuestionada y desfinanciada Ley N° 29944, se volvió a 8 escalas; ahora, se intenta bajar a 4 escalas. Esta disposición de aprobarse, seguramente acarreara problemas y múltiples reclamos en un sector del magisterio, pues se descenderá de escalas a los profesores. Se podría dar, que los profesores de 8ava y 7ma escala pasen a la 4ta; los de 6ta y 5ta a la 3ra; los de 4ta y 3ra a 2da Escala; y finalmente los de 2da y 1era, se ubicaría en la 1era Escala Magisterial.