El 10 de julio del 2015, en el
Diario el Peruano, el Ministerio de Educación publicó el Decreto Supremo Nº 007-2015-MINEDU, modificando el Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial,
aprobado con el Decreto Supremo Nº 004-2013-ED, en lo concerniente al cese
temporal; las medidas preventivas y de retiro del docente que incurra en las
faltas administrativas sancionadas por los literales a) y b) del artículo 48º de la Ley Nº 29944, Ley de la Reforma
Magisterial, y literales d), e), f), g) y h) del artículo 49 de la Ley; la
competencia para calificar e investigar las denuncias; y las funciones de la
Comisión Permanente o Comisión Especial de Procesos Administrativos
Disciplinarios. Asimismo derogar, la facultad de la Comisión, establecida en
el numeral 90.6 del Art. 90º del Decreto Supremo Nº 004-2015-ED.
Además, el Decreto
Supremo Nº 007-2015-MINEDU, incorpora al Art. 82º del Reglamento de la
Ley de Reforma Magisterial, el numeral 82.4, con el objeto de establecer que la
inasistencia injustificada de tres (03) días consecutivos o cinco (5) días discontinuos
configuran una falta grave sancionada por el literal e) del 48º de la Ley;
falta que debe ser sancionado con cese temporal, es decir, sin goce de
haber por un periodo mayor a treinta y un (31) días y hasta doce (12) meses. Disposición que no es nueva, toda vez
que las Comisiones Permanente de Proceso Administrativo Disciplinario Docente
(CPPAD), han venido aplicando la sanción indicada, por abandono de cargo
injustificado de los docentes a su centro de trabajo, es decir, a la Institución
Educativa
Seguidamente el acotado Decreto
Supremo Nº 007-2015-MINEDU, modifica el Art. 86º del Reglamento de la Ley de
Reforma Magisterial, para distinguir y/o diferencia la MEDIDA PREVENTIVA del RETIRO.
Es así que dispone, que los Directores de las II.EE., bajo responsabilidad funcional, aplica de oficio la medida de separación
preventiva al profesor, si hay una denuncia por los supuestos descritos en el Art.
44º de la Ley, informando al titular de la UGEL o DRE. Separación preventiva que
no significa el retiro del docente de la I.E., sino el impedir, prohibir o negar el acceso al aula de clase a ejercer su labor pedagógica. Esta separación preventiva,
puede ser ejecutada por el Titular de la UGEL o DRE, en caso que el
Director de la I.E., no lo haya realizado. Situación que implicaría responsabilidad
administrativa del Director de la I.E.
Se puede concluir entonces, que los directores de
las II.EE. no están facultados para desplazar, a otra instancia, al docente denunciado por la comisión
de las faltas reguladas por los literales a) y b) del artículo 48º de la Ley Nº
29944, y literales d), e), f), g) y h) del artículo 49º de la Ley. Acciones que
se han venido efectuando, razón por la cual en las UGELs existen un gran número
de docentes puestos a disposición, sin ninguna recomendación de la CPPADD.
Por otra parte, el numeral 86.2 del Art. 86º del
Reglamento de la Ley de Reforma, modificado, precisa con claridad meridiana que
el RETIRO del docente acusado por la comisión de la faltas administrativas
arriba señaladas, es ADOPTADO por el Titular de la UGEL o DRE. Para
materializar el retiro, se requiere la recomendación de la CPPADD.
Por lo que, estando a lo establecido en la parte final del Art. 51º de
la Constitución Política, esto es que “…La
publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado”; y
considerando además la teoría de los hechos cumplidos, desarrollado por el
segundo párrafo del Art. 103º del cuerpo legal precitado; podemos afirmar, que los
profesores que se encuentran, a la fecha de vigencia del Decreto Supremo Nº
007-2015-MINEDU, en la condición de depositados en la UGEL o DRE, deben
retornar a sus centro de labores; en la condición de separados preventivamente, a la espera del proceso de retiro, previó informe de la CPPADD, conforme a lo
dispuesto por esta modificatoria.
Queda claro que el retiro del docente de la I.E., es competencia
entonces del Titular de la UGEL o DRE; decisión que se asume, no de forma autónoma, unilateral, soberana o libre, sino que
requiere de la recomendación
de la CPPADD, la que evaluará la pertinencia del retiro.
Es en este
momento, es donde el delegado a la CPPADD de los SUTEs SECTORIALES, debe cautelar
el debido procedimiento, entendido como el derecho de defensa, donde el acusado tiene la facultad para controlar,
producir y contradecir las pruebas que se presenten; pues muchas veces el docente es objeto de acusaciones sustentadas en la simple sindicación u direccionadas por
sus propios colegas o directivos.
Señala la
modificatoria en el numeral 86.3 que ambas medias, la separación preventiva y
el retiro, concluyen a la culminación del proceso administrativo disciplinario
o proceso judicial. Lo que significa, que si la denuncia se encuentra
tramitando tanto en la vía administrativa y en la vía judicial, el resultado de
una de ellas, afectara la continuidad de la separación preventiva y el retiro. Resalta
la modificatoria, que el período de tiempo que dure esta medida, no constituye
sanción ni demérito. Por lo que, se entiende que el docente podrá acceder a los
derechos que se encuentran regulado en la Ley.
Por
aplicación de las medidas de separación preventiva y retiro, el profesor es
puesto a disposición del Equipo de Personal de la UGEL o DRE, para realizar las
labores que le sean asignadas, pero de ninguna manera pueden ejercer funciones
en las áreas pedagógicas o de gestión institucional; lo que no significa privarlo
de la percepción de su remuneración. La falta de docente en la I.E., por esta
razón, debe ser regularizada por Jefe o Especialista Administrativo de Personal
de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada. Disposición que no se
cumple con celeridad e preocupación que merece, afectando a los alumnos, muchas
veces con denuncias sin fundamento y menos pruebas que acrediten su comisión.
Por otra parte, en cuanto
se refiere a la modificatoria del Art. 90º del Decreto Supremo 004-2013-ED,
podemos decir que da origen a un proceso administrativo disciplinario, donde es
posible vulnerar el principio del debido proceso, limitando al docente a una investigación,
sin que se entere de que lo acusan y menos aún pueda contradecir las
acusaciones. Ese accionar se gráfica en lo establecido en el numeral 90.2 del
indicado artículo, al señalar que: “La Comisión
Permanente o Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para
Docentes, podrá realizar actos de investigación antes de emitir el
informe preliminar, con la finalidad de recabar evidencias sobre la veracidad
del hecho denunciado”. Lo que significa, que el docente no tiene derecho a una investigación
preliminar; estando solo a la espera de la decisión de la CPPADD, si desea
investigar o no antes de emitir el Informe Preliminar. Disposición contraria al
procedimiento administrativo sancionador y disciplinario que se sigue en otras instancias,
tal como la que se regula en la Ley del Servicio Civil, aprobado por la Ley
30057 y su Reglamento.
Ahora, debemos decir que el proceso administrativo
disciplinario de los docentes de la Ley 29944, no tendrá la etapa de la investigación
preliminar; la suerte del denunciado, se encuentra en manos de la pericia de
los integrantes de la CPPADD; comisión que recomendara si se instaure o no el
proceso administrativo disciplinario, cuando se considera una falta grave o muy
grave. De considerarla leve, remitirá lo actuado al Titular de la UGEL o DRE,
para que resuelva, sin otorgar el derecho al administrado.
Con la intención de vulnerar el derecho de defensa,
y una investigación preliminar con las garantías necesarias, se modifica en el
numeral 90.3 del acotado artículo. Se obliga a la CPPADD que en el plazo
perentorio de treinta (30) días de recibida la denuncia, bajo responsabilidad
funcional, emita el informe preliminar, recomendando la instauración o no del
proceso administrativo disciplinario. Plazo que impedirá a la comisión, ejercer
el “…podrá realizar actos de investigación…”; o las funciones que se le
atribuyen en el Art. 95º del Reglamento, es decir, la de calificar e investigar
las denuncias que le sean remitidas y recomendar el retiro del denunciado en el
ejercicio de su función.
Finalmente, solo nos queda recomendar a los
profesores, que mantengas una actitud y comportamiento que acarree preocupación
por el aprovechamiento, la disciplina, asistencia e higiene de sus alumnos;
pues la exigencia, el control, la advertencia, la suspensión, el llamada de
atención y otras medidas correctivas, implicarían configurar la comisión de las
faltas administrativas señaladas; y por consiguiente, pasar por el proceso
señalado en la norma glosada. Nuestros legisladores y autoridades
administrativas, desean una sociedad como en la que vivimos; con su música y
letras de contenido sexual y con ídolos y los programas de TV, que no orientan
ni educan en valores y menos en conocimiento.
