Se modifica la Ley del Procedimiento
Administrativo (Ley N° 27444), incorporando nuevas reglas al procedimiento; en tanto que, se deroga la Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo.
Todo esto a raíz de la publicación del Decreto Legislativo Nº 1272, fechada el 21 de diciembre del 2016; norma legal que se suma al Decreto Legislativo N° 1246, que incorpora al procedimiento administrativo medidas de simplificación administrativa, están destinadas agilizar los trámites y resultados en la administración publica, buscando encontrar incluso que la administración responsa por los "...daños que
perjudiquen a los administrados cuando la causa sea el mal funcionamiento de la
actividad administrativa" (1). Ratifica una vez más lo regulado, esto es que "...prohíbe a las entidades solicitar documentación que ellas mismas
administren o tengan a la mano..."; agregando que “…las
entidades estarán obligadas a responder las solicitudes de información dentro
del plazo que establece la ley…” y otras agregados y subrayados o aclaraciones de lo que ya existía, pero que no venía cumpliéndose.
Para mayor información, cito el texto de una revista especializada, que permitirá tener un conocimiento aproximado de la norma en comento.
"Conoce aquí los 17 principales cambios al procedimiento administrativo
El reciente Decreto
Legislativo Nº 1272 busca agilizar y optimizar los procedimientos
administrativos que se realizan en las entidades públicas. Para ello, modifica
diversas disposiciones de la Ley del Procedimiento Administrativo General y
deroga la Ley del Silencio Administrativo. De esta manera se crean nuevas guías
que los ciudadanos deberán tomar en cuenta durante sus trámites ante el Estado.
A
partir de mañana, los procedimientos administrativos en las entidades públicas
sufrirán significativos y progresivos cambios. Por un lado, la Ley del
Procedimiento Administrativo (Ley N° 27444) tendrá nuevas disposiciones,
mientras que por el otro, la Ley del Silencio Administrativo quedará derogada.
Así lo fija el Decreto Legislativo Nº 1272, publicado este miércoles 21 de
diciembre en el diario oficial El Peruano.
Algunas
de las modificaciones que establece la norma recaen sobre los derechos de los
administrados, la velocidad de la respuesta por parte de los entes donde se
realizan trámites administrativos, los supuestos eximentes de responsabilidad
por infracciones y la incorporación de faltas. Además, ordena que el Texto
Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444 sea aprobado en un plazo máximo de 60
días hábiles contados a partir de este jueves.
La
norma deberá aplicarse tanto por parte de los tres poderes del Estado –
Ejecutivo, Legislativo y Judicial– como por los gobiernos regionales y locales,
los organismos autónomos del Estado y las personas jurídicas que, estando bajo
el régimen privado, prestan servicios al Estado o ejercen funciones
administrativas. A continuación, te explicamos al detalle los cambios
normativos más importantes que trae el nuevo decreto.
1. Tres principales y novedosos principios. El Decreto Legislativo Nº 1272 incorpora, entre otros, el principio
del ejercicio legítimo del poder, el principio de responsabilidad y el
principio de acceso permanente. El primero establece límites dentro de las
facultades o potestades que posee la autoridad administrativa, con la finalidad
de evitar el abuso del poder. Por su parte, el segundo principio obliga a la
administración responder por los daños que perjudiquen a los administrados
cuando la causa sea el mal funcionamiento de la actividad administrativa.
Finalmente, el principio de acceso permanente busca facilitarle al administrado
el acceso a la información sobre el estado de sus trámites.
2. No cualquier notificación será válidamente
efectuada. La norma también ordena que las notificaciones enviadas por
correo electrónico sean validadas solo cuando la entidad reciba la respuesta de
recepción, cuyo plazo es de dos días útiles.
3. Administrados que mienten serán puestos en
evidencia. Aquellos administrados
que presenten declaraciones o informaciones falsas o fraudulentas serán
incluidos en una lista pública. Esta relación será emitida y actualizada
trimestralmente en la Central de Riesgo Administrativo.
4. No más papeleo. A su vez, el decreto prohíbe a las entidades solicitar
documentación que ellas mismas administren o tengan a la mano. Esta disposición
se adecúa al Decreto Legislativo Nº 1246, que se publicó anteriormente y
que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa.
5. Se reconocen nuevos derechos de los
administrados. Con la norma, se
incorporan como nuevos derechos de los administrados el no presentar los
documentos que las entidades tengan prohibido solicitar y a no pagar tasas
diferentes a las reguladas. Además, las renovaciones de licencias o permisos se
entenderán como prorrogadas siempre que el administrado lo solicite durante la
vigencia original y la autoridad se encuentre instruyendo el procedimiento de
renovación.
6. Espacios idóneos. Las entidades deberán habilitar espacios idóneos para la
consulta de expedientes y documentos, así como para la atención cómoda y
ordenada al público.
7. Denunciantes protegidos. La norma también establece que las entidades receptoras de
denuncias podrán otorgar medidas de protección a los denunciantes.
8. Respuestas puntuales. De otro lado, las entidades estarán
obligadas a responder las solicitudes de información dentro del plazo que
establece la ley.
9. El recurso administrativo de revisión podrá ser interpuesto solo
en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente.
10. Responsabilidad administrativa subjetiva. En los principios de la
potestad sancionadora administrativa, se agrega el principio de culpabilidad,
el cual señala que la responsabilidad administrativa es subjetiva, a menos que
por ley o decreto legislativo se establezca como objetiva.
11. Situaciones que eximen de
responsabilidad por infracciones. El decreto también fija seis supuestos en los que los
administrados no serán responsabilizados por infracciones:
a) El caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada.
b) Obrar en cumplimiento
de un deber legal o el ejercicio legítimo del derecho de defensa.
c) La incapacidad mental debidamente comprobada por la autoridad
competente, siempre que esta afecte la aptitud para entender la infracción.
d) La orden obligatoria de autoridad competente, expedida en
ejercicio de sus funciones.
e) El error inducido por la Administración o por disposición
administrativa confusa o ilegal.
f) La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado
del acto u omisión imputado como constitutivo de infracción administrativa, con
anterioridad a la notificación de la imputación de cargos a que se refiere el
inciso 3) del artículo 235.
Asimismo, se establecen condiciones atenuantes de la
responsabilidad por infracciones:
a) Si iniciado un procedimiento administrativo sancionador el
infractor reconoce su responsabilidad de forma expresa y por escrito. En los
casos en que la sanción aplicable sea una multa esta se reduce hasta un monto
no menor de la mitad de su importe.
b) Otros que se establezcan por norma especial.
12. Nuevas faltas
administrativas. Por otra parte, se agregan
12 faltas administrativas que traen como consecuencia la suspensión, el cese o
la destitución de la autoridad o personal administrativo. Algunos de los nuevos
supuestos que califican como falta son: no resolver dentro del plazo
establecido para cada procedimiento administrativo de manera negligente o
injustificada; desconocer de cualquier modo la aplicación de la aprobación
automática o silencio positivo obtenido por el administrado ante la propia u
otra entidad administrativa; incumplir con los criterios, procedimientos y
metodologías para la determinación de los costos de los procedimientos y
servicios administrativos y cobrar montos de derecho de tramitación por
encima de una (1) UIT, sin contar con autorización previa.
13. Digitalización del procedimiento. El decreto ordena la incorporación del procedimiento
administrativo electrónico. Esto, sin perjuicio del uso de medios físicos
tradicionales.
14. Entidades interconectadas. Las entidades permitirán a otras el acceso gratuito a sus bases
de datos para consultar información requerida.
15. Nuevos parámetros en la
Contraloría y la Oficina de Control Interno. Los roles cumplido por
la Contraloría General de la República y la Oficina de Control Interno responderá
a nuevos parámetros específicos.
16. Caducidad ampliable. La norma ordena que el
plazo para la caducidad de los procedimientos sancionadores iniciados de oficio
será de nueve meses. Sin embargo, también prevé que podrá otorgarse una
prórroga de tres meses más.
17. Se incorpora la Actividad Administrativa de Fiscalización, como
un conjunto de actos, diligencias, supervisión, control o inspección sobre el
cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones exigibles
a los administrados".
Fuente: http://laley.pe/
