PUBLICAMOS LA DEMANDA ADMITIDA DE DIRECTIVOS 2014, CON EL MISMO FORMATO DE LA DEMANDA PRESENTADA DURANTE LA GESTIÓN DE LA MINISTRA SALAS; AHORA CONTRA SAAVEDRA. PARA CONOCIMIENTO SEÑORES.
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE
-CUARTO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CIVIL-
EXPEDIENTE :
01719-2014-0-0901-JR-CI-04
MATERIA :
ACCION DE AMPARO
JUEZ :
YAHUANA VEGA, CARMEN GLICERIA
ESPECIALISTA : ALVARADO QUEZADA, ROSARIO
DEMANDADO :
SAAVEDRA CHANDUVI, JAIME Y OTRO
DEMANDANTE :
HUAMAN VALLADARES DE YUPANQUI, DALIS IRENE
RESOLUCIÓN
NÚMERO UNO
Independencia, veintiséis de junio del Dos mil catorce.-
AUTOS Y VISTO:
Por presentada la demanda constitucional de
Amparo; Al principal con los
anexos que se acompañan; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, es obligación del juzgador calificar las pretensiones de las personas que
acuden ante el Órgano Jurisdiccional para su admisibilidad y procedencia de
conformidad con los artículos 5, 42, 47 y 48 del Código Procesal
Constitucional; atendiendo en ello que, el amparo procede en los casos que se
violen o amenacen derechos constitucionales por acción o por omisión, de actos
de cumplimiento obligatorio; por tanto la procedibilidad del mismo exige la
afectación de un derecho constitucional en concreto, analizar su existencia, la
legitimidad y la concurrencia del nexo causal entre violación del derecho
invocado y la conducta supuestamente violatoria.
SEGUNDO: En el caso de autos la demandante
de amparo interpuesta por doña DALIS IRENE HUAMAN VALLADARES
DE YUPANQUI, tiene
por objeto la inaplicación
del numeral 7 de Disposiciones Complementarias de la Norma Técnica denominada
“Normas para la Evaluación Excepcional”, aprobado por Resolución Ministerial Nro. 204-2014-MINEDU
de fecha 21 de mayo de 2014; que tiene
como complemento 204-2014-MINEDU.
TERCERO: Que, calificada la demanda, se
verifica que esta cumple con los requisitos de ley, no encontrándose en las
causales de improcedencia previstas en el artículo 5º del Código Procesal
Constitucional, ni en los supuestos de los artículos 426º y 427º del Código
Procesal Civil, aplicable supletoriamente, concurriendo los presupuestos
procesales y las condiciones de la acción.
CUARTO: Que,
encontrándose el petitorio previsto en el artículo 200 inciso 2) de la Constitución Política
del Perú, así como los artículos 5, 37 inciso 10), 42, 51 y 53 del Código
Procesal Constitucional.
RESOLUCIÓN:
Estando a lo
expuesto en los considerandos antes glosados y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 53 del Código antes citado, RESUELVO:
- ADMITIR a trámite la demanda Constitucional
interpuesta por DALIS
IRENE HUAMAN VALLADARES DE YUPANQUI contra
el MINISTERIO DE EDUCACION) sobre ACCION DE AMPARO; en consecuencia: CONFIERASE TRASLADO al demandado por el plazo perentorio de CINCO DÍAS a fin conteste la demanda, con conocimiento del Procurador Publico a cargo de los
asuntos judiciales del Ministerio de Educación.
- Al primer otrosí: Téngase
presente.-
- Al segundo otrosí: Téngase
presente
- Póngase en conocimiento de
EXPEDIENTE :
ESPECIALISTA :
ESCRITO :
01
SUMILLA :
Demanda de Amparo
SEÑOR
JUEZ ESPECIALIZADO EN LO CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE
xyxyxyxyxyxyxyxyx, identificado con
D.N.I. N° xyxyxyxyx, indicando domicilio real y actual en Av. Túpac Amaru N° xyxyxyx–
distrito de Comas, en calidad de DIRECTORA
NOMBRADA de la Institución Educativa xyxyxyxyxyxy, jurisdicción de la
UGEL 04, señalando xyxyxyxyxyxyx–
distrito de Independencia; a Ud. atentamente digo:
Que, de conformidad con lo previsto en el Inc. 2) del
Art. 200° de la Constitución Política del Estado; y conforme a los Arts. 1º,
2º, 3º, 5º, 37º, 38º, 40º, 41º, 45º y demás pertinentes de la Ley Nº 28237 –
Código Procesal Constitucional; interpongo Demanda de ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL
contra los siguientes y su entidad respectiva:
NOMBRE Y DIRECCION DE LOS DEMANDADOS:
a)
Jaime Saavedra Chanduví, Ministro de Educación, vía su Procurador Público
para Asuntos Judiciales, con domicilio en el Jr. Sánchez Cerro N° 2150, Jesús
María, Lima; y
b) José
Andrés Milla Fernández,
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local Numero 04, en adelante UGEL.04,
sito en Av. Del Maestro s/n (costado de
Institución Educativa Politécnico Estados Unidos)
A quiénes se le
deberá de notificar en el domicilio antes indicado, a fin que por sentencia
judicial se sirva Ud. disponer lo siguiente:
I.
PETITORIO:
a)
Pretensión Principal: Solicito que se dicte sentencia declarando la inaplicación en mi caso de las “Normas Para la
Evaluación Excepcional prevista en la Décima Primera Disposición Complementaria
Transitoria del Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial”, aprobado
mediante la Resolución Ministerial N° 204-2014-MINEDU que tiene como
complemento normativo la Resolución Ministerial N° 214-2014-MINEDU que aprueba
el cronograma del procedimiento excepcional de evaluación para los profesores
que se desempeñan como Director o Subdirector en instituciones educativas
públicas, pues dichos dispositivos
legales regulan el “procedimiento excepcional” de
evaluación para los profesores que se desempeñan como Director o Subdirector en
instituciones educativas públicas de
Educación Básica Regular. En
consecuencia, debe quedar vigente mi calidad de DIRECTORA NOMBRADA de la Institución
Educativa “Esther Festini de Ramos Ocampo” ubicada en el distrito de Comas y
jurisdicción de la UGEL 04, pues se está contraviniendo o
transgrediendo los numerales 10), 16) y 25) del Art. 37° (derecho al trabajo, a
la tutela efectiva y otros derechos) de la Ley N° 28237, Código Procesal
Constitucional, tales como el numeral
15) y el literal D del numeral 24) del artículo 2° de la Constitución Política
(el principio de legalidad), en concordancia con el numeral 3) del artículo
139° del cuerpo legal precitado (la observancia del debido proceso y tutela
jurisdiccional).
b) Pretensión
accesoria: CONSECUENTEMENTE,
se disponga la reposición del estado
de las cosas a la situación anterior de la violación constitucional, declarando por tanto mi permanencia en
el cargo de DIRECTORA NOMBRADA Y TITULAR hasta proceder con la evaluación del
Desempeño Laboral en el Cargo, CONFORME LO DISPONE LA LEY N° 29944, EN SUS ART.
33°, 35° Y 38°.
I.- FUNDAMENTOS
DE HECHO:
PRIMERO: que,
es el caso señor Juez, que la accionante viene ejerciendo el cargo de Director
Titular desde el año 1995. A dicho
cargo accedí mediante concurso público, hecho que acredito mediante la
Resolución Directoral N° 489 de fecha 11 de abril de 1995 USE 05 - Lima.
1.1.- Que, por razones contenidas en la
Ley, fui reasignada, teniendo como destino la institución educativa
xyxyxyxyxyxy hecho que se concretó mediante la Resolución Directoral N° xyxyxyxyx
de fecha xyxyx de agosto del 2002. Posteriormente en el año 2009 participé del
proceso de incorporación a la Carrera Pública Magisterial en el III nivel
conforme lo regulaba la Ley N° 29062. En atención a ello, se emite la resolución
Directoral N° xyxyxyxyxy de fecha 04 de septiembre del xyxyxyxy, siendo mi
código de plaza actual es el N° yxyxyxyxyxyx, que en atención a la
implementación del SIRA por parte del MINEDU se ha asignado a mi plaza hoy
sometida al ilegal “procedimiento excepcional”..
Demuestro
y enfatizo, Señor Juez, que EL CARGO DE DIRECTORA NOMBRADA QUE OSTENTO DESDE
1995 A LA FECHA, LO OBTUVE VÍA CONCURSO PÚBLICO.
SEGUNDO:
Que, asimismo, es de público conocimiento que en fecha 26
de noviembre del 2012, se pública en el Diario Oficial “El Peruano”, la Ley N°
29944, Ley de Reforma Magisterial que establece en su Decima Sexta Disposición
Complementaria, Transitoria y Final la derogatoria de:
“…las
Leyes 24029, 25212, 26269, 28718, 29062 y 29762 y déjense sin efecto
todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley, sin perjuicio a lo
establecido en las disposiciones complementarias, transitorias y finales,
sétima y décima cuarta de la presente Ley”;
De tal forma se incorpora de forma automática a los
docentes y directivos provenientes de otras normativas al régimen laboral
regulado por la acotada Ley de Reforma Magisterial N° 29944.
TERCERO:
Que, con fecha 03 de mayo del 2013, se pública en el
Diario Oficial “El Peruano”, el Decreto Supremo N° 004-20013-ED, Reglamento de
la Ley de Reforma Magisterial”; norma que establece en la Décima Primera
Disposición Complementaria la adecuación de cargos anteriores a la Ley al
consignar:
“Todos los nombramientos y designaciones
a cargos
que se hayan efectuado por disposición de normas anteriores que ya no estén vigentes, serán
adecuados a
los cargos de las áreas de desempeño laboral
establecidas
en la Ley. En el caso que el cargo haya dejado de
existir el profesor será reubicado como profesor de aula o por horas, de acuerdo a su formación inicial
y especialización
debidamente certificada”.
Que,
estando a la norma glosada, se deduce
que el Directivo nombrado en los regímenes regulados por las leyes derogadas,
tales como la Ley N° 24029 y su modificatoria N° 25212, Ley del Profesorado, y
la Ley 29062, Ley de la Carrera Pública Magisterial, fueron incorporados
automáticamente al cargo del Área de Desempeño Laboral correspondiente al de
Gestión Institucional[1].
CUARTO:
Que, debe tenerse en cuenta que en el capítulo IV, artículo 13° de la Ley N° 29944 de Reforma Magisterial,
específicamente se CONSIGNAN LOS
ÚNICOS TIPOS DE EVALUACIONES QUE LA LEY PERMITE:
En la Carrera pública
Magisterial se realizan las siguientes evaluaciones:
a) Evaluación
para ingreso a la Carrera Pública magisterial.
b) Evaluación
para desempeño docente.
c) Evaluación
para el ascenso.
d) Evaluación
para acceder a cargos.
Asimismo,
el Art. 35º de la Ley, precisa los cargos del área de gestión institucional y
precisa:
“Los cargos del Área de
Gestión Institucional son los siguientes:
(…)
d) Directivos de
Institución Educativa”
Cargo
al que puede acceder el profesor, conforme lo indica el Art. 33° de la Ley de
Reforma Magisterial N° 29944 que consigna:
“…por
concurso y por un período de tres años”.
Agrega esta misma norma, que:
“…Al
término del período de gestión es evaluado para determinar su continuidad en el
cargo o su retorno al cargo docente…”.
Como Observamos, la norma distingue dos situaciones
de hecho, el ACCESO a una plaza vacante y la PERMANENCIA en el cargo, esta situación última depende de la
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL, conforme lo indica el Art. 38° de la Ley N°
29944.
QUINTO: Que,
las normas precitadas, es decir, los artículos 33º y 38º de la Ley Nº 29944,
que son parte de la motivación jurídica de la normatividad que se ha emitido
para efectos de impulsar “El
Procedimiento Excepcional de Evaluación para los Profesores que se
Desempeñan como Director o Subdirector en Instituciones Educativas” queda claro el “procedimiento excepcional”
no está consignado como tipo de evaluación en la Ley N° 29944. Es así, que
en fecha 20/05/2014 se publica el D.S. N° 003-2014-MINEDU. Dicho dispositivo
decretó la modificación del Reglamento de la Ley de
Reforma Magisterial e incorporó en el D.S. N° 004-2013-ED la Décima Primera
Disposición Complementaria Transitoria que establece “El Procedimiento Excepcional de Evaluación para los Profesores que se
Desempeñan como Director o Subdirector en Instituciones Educativas”. Debemos
señalar, enfáticamente, que dicho tipo de evaluación excepcional contraviene la
ley, afecta mis derechos y no está contenida ni contemplada en la Ley de
Reforma Magisterial N° 29944.
5.1.-
Que, en fecha 23 de mayo del 2014 se publica la R.M. N° 204-2014-MINEDU que
aprueba y contiene las “Normas Para la Evaluación Excepcional prevista en la
Décima Primera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley
de Reforma Magisterial”.
Asimismo, en fecha 25/05/2014 se publica la R.M. N° 214-2014-MINEDU que
resuelve convocar y aprobar el cronograma del “procedimiento excepcional” de evaluación para los profesores que se
desempeñan como Director o Subdirector en instituciones educativas Públicas”.
Siendo así, los Directores y Subdirectores que estamos en calidad de NOMBRADOS
estamos siendo obligados a participar de este proceso evaluador que no está
contenido en la Ley, como un tipo de evaluación y más para efectos de ser
desconocidos en nuestros derechos y funciones.
SEXTO:
Que, mediante Resolución
Ministerial Nº 204-2014-MINEDU, de fecha 23 de abril del 2014, se aprueba las “Normas
Para la Evaluación Excepcional prevista en la Décima Primera Disposición
Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial”. que en su finalidad se
refiere:
“Evaluar
de manera excepcional a los profesores que vienen ejerciendo funciones de
Directivos en instituciones públicas…”.
6.1.- Fluye
de la norma citada, una finalidad sustentada en lo regulado por los Art. 35° y
38° de la citada Ley N° 29944; normas referidas a la convocatoria para
evaluación de desempeño, pero; contraviniendo lo previsto por el Art. 33°, esto
es, la evaluación para la continuidad en el cargo, y el Art. 38°, referida a la
evaluación del desempeño en el cargo. Esta incongruencia normativa, no ha
observado, analizado y actuado desde el contenido de la Décima Primera
Disposición Complementaria del Decreto Supremo N° 004-2013-ED publicado en
fecha 03 de mayo del 2013, referida a la adecuación de cargos anteriores a la
Ley. Esto es, de acuerdo a la norma acotada desde el 04 de mayo del 2013, el
suscrito, es parte del área de gestión institucional con el cargo de DIRECTORA
NOMBRADA y por tanto, los tres años como Directivo, que la ley desarrolla, se
cumplen el año 2016 y es en ese año en el que debo ser evaluado en el desempeño
de mi gestión para efectos de ser ratificado en el cargo o retornar a aula. Sin
embargo, se pretende que la suscrita sea parte del “procedimiento de evaluación
excepcional” vulnerando la normatividad y violentando mis derechos constitucionales
y laborales.
6.2.- Que,
por tanto, nos encontramos ante derechos que no pueden ser contravenidos de
manera tan sencilla, pues lo que se busca es que la suscrita participe en dicha
“evaluación excepcional” para efectos de al aprobar o calificar pierda la
calidad de Directora nombrada y pase a ser un Directivo ya no nombrado, sino
designado en el cargo por solo tres años, ello es ilegal, máxime si tenemos en
cuenta lo contenido en el Art. 26° de la Constitución Política del Estado,
referido a Principios laborales y que a la letra consigna:
“En
la relación laboral se respetan los siguientes principios:
1.-
Igualdad de oportunidades sin discriminación.
2.-
Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la
Ley.
3.-
Interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el
sentido de una norma”.
SÉPTIMO: En
efecto, esta convocatoria de forma ilegal al Concurso Público para ser
evaluados de forma excepcional, demuestra que el Ministerio de Educación afecta
los principios invocados en el introito de la demanda, al incumplir
temerariamente lo regulado por el Art. 38º de la tantas veces citada Ley 29944,
que prescribe:
“El
desempeño del profesor en el cargo es evaluado al término del periodo de su
gestión. La aprobación de esta evaluación determina su continuidad en el cargo
y la desaprobación, su retorno al cargo docente. (…)”.
La
norma precitada, no regula el desconocimiento o la nulidad del cargo que he
venido ostentando, por el contrario, como ya se dijo, evalúa la continuidad
o no en el cargo en el que me encuentro ocupando, no por decisión personal,
sino por mandato expreso del Reglamento de Ley de Reforma Magisterial, que
dispuso adecuar mi situación laboral anterior a la Ley. En tal sentido, tengo
el derecho y tiene la obligación imperativa la emplazada de proceder conforme a
lo establecido por el acotado Art. 38° de la Ley.
OCTAVO: Que,
en otro términos señor Juez, el Ministerio de Educación lejos de
desconocer el cargo de Directora que
ostento en calidad de nombrada y someterme nuevamente a concurso público para ser
ratificada en el cargo de Directora, el
cual ya lo tengo, debería convocar no a una “evaluación excepcional”, sino a
una Evaluación del Desempeño Laboral para directores y subdirectores,
considerando la adecuación al cargo, a
fin de determinar la continuidad en el cargo que se ocupa o su reubicación al
de docente, conforme lo establece el Art. 38° de la Ley.
NOVENO: Que,
no existe duda alguna para la suscrita, que la Directiva cuestionada, aprobada por la Resolución
Ministerial Nº 204-2014-MINEDU que establece el procedimiento de la ilegal
“Evaluación excepcional” y la R. M. N° 214-2014-MINEDU que aprueba la
convocatoria y el cronograma de la tan señalada “Evaluación Excepcional“ que
publica mi plaza de Directora para ser concursada, indudablemente afecta la legalidad,
el debido proceso y el derecho al trabajo vulnerándose derechos laborales
amparados por la propia Ley N° 29944 en sus Arts. 32°, 33°, 35° y 38°, que
imperativamente regulan el acceso y CONTINUIDAD EN EL CARGO, considerando la
evaluación para acceso al cargo; el
cargo y periodo de gestión; cómo se accede al cargo; y la evaluación del
desempeño en el cargo. Preceptos normativos que han sido desnaturalizados,
vulnerados y/o afectados por la convocatoria realizada mediante la R.M. N°
204-2014-MINEDU y la R.M. N° 214-2014-MINEDU.
9.1.- Que, para precisar la ilegalidad de esta “evaluación
excepcional” que no significa evaluación de desempeño en el cargo tal como lo
establece la ley, es que ningún articulado de las normas legales cuestionadas
aborda por ejemplo la valoración y obligatorio puntaje que deben tener - en una
objetiva y real evaluación de desempeño en el cargo – las felicitaciones, los
logros académicos (maestrías y/o doctorados logrados por los Directivos), el
manejo adecuado de los instrumentos de gestión por cada Director en cada
institución educativa, la creación intelectual, las mejoras y avances, los
proyectos innovadores implementados por cada Director como parte de su
capacidad de gestión, el desarrollo o declive de las instituciones educativas.
Estos aspectos para nada son objetos de calificación, siendo ellos, los
indicadores indudables del buen desempeño o no de los directivos en el
ejercicio de su cargo.
9.2.- Que, el contenido de la ilegal “evaluación
excepcional“ NO CONSTITUYE, NI SIGNIFICA
NINGUNA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EN EL CARGO. Es una prueba estandarizada, que pretende desentenderse de una
evaluación de gestión que evalúe lo que el Directivo ha desarrollado en la
institución educativa a su cargo y que identifique las particularidades
de cada institución educativa, de la gestión particular y específica que
desarrolla cada Directivo. Es más, ello se acredita de la lectura del artículo
6.3.1 de la R.M. N° 204-2014-MINEDU que se refiere a la Primera dase de la
Evaluación Excepcional y que a la letra señala:
“los
profesores responden en esta fase a dos instrumentos de evaluación:
a)
La prueba de
comprensión de textos funcionales al ejercicio Directivo.
b)
La prueba de solución de casos…”
Que, para mayor abundamiento ello queda claro en la
parte referida a especificaciones de cada uno de los instrumentos de evaluación
– tratados y contenidos en el artículo 2° y 3° del anexo 2° de la R.M. N°
204-2014-MINEDU - se desprende justamente que lo que no se mide es el desempeño
en el cargo que cada Directivo ha realizado. Lo demostramos con la misma norma
acotada que señala:
“La
prueba de comprensión de textos evalúa la habilidad de comprensión de textos
vinculados con el quehacer directivo… las preguntas evalúan la dimensión
literal e interferencial de la comprensión de textos expositivos,
argumentativos y descriptivos…”
“La
Prueba de solución de casos evalúa la capacidad para proponer acciones que
sean útiles para una adecuada gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes…”
9.3.- Que, como podemos demostrar
la “evaluación excepcional” evalúa la habilidad para comprender textos que
tienen que ver con el quehacer de los Directivos, mientras que el otro
instrumento de evaluación - de forma también uniforme y general a todos los
directivos – evalúa la capacidad para proponer acciones para la mejora de los
aprendizajes. Ello se contrapone absolutamente a lo sostenido y contenido en el
artículo 62° del Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial aprobado por D.S.
N° 04-2013-ED y que en la parte referida a evaluación de desempeño en el cargo
expresamente establece:
“62.1.-
La evaluación de desempeño en el cargo TIENE COMO OBJETIVO COMPROBAR LA
EFICACIA Y EFICIENCIA DEL PROFESOR EN EL EJERCICIO DEL CARGO. Se realiza en
la instancia de gestión Educativa Descentralizada en la que labora, en base
a los indicadores de desempeño establecido para cada cargo.
62.2.-
La evaluación de desempeño en el cargo se realiza al término del plazo de
duración del cargo establecido en la
Ley, con excepción del cargo de Director de UGEL o el Director o Jefe de
Gestión Pedagógica de la DRE, UGEL que puede ser evaluado antes de año.”
Que, se desprende de lo citado, que la “Evaluación
excepcional” no mide ni evalúa lo precisado por la normatividad, pues la
eficacia y eficiencia implica capacidad de gestión asumida y demostrada en el
ejercicio del cargo en la institución educativa en la cual el Directivo ha
tenido responsabilidad funcional. Lo cierto es que definitiva e indudablemente
va a resultar imposible que la eficacia y eficiencia puede demostrarse con la
sola aplicación de dos instrumentos de evaluación que no van a entender ni
tener en cuenta las particularidades y desempeños de los Directivos en cada
institución educativa. Por tanto, la aplicación de la “evaluación Excepcional
resultaría y devendría en ilegal y vulneradora de derechos fundamentales.
DÉCIMO: Asimismo,
la citada Directiva colisiona y/o violenta el contenido del Art. 103° de la
Constitución Política, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N°
28389, que establece: (…)
“La
ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las
relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos
retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al
reo”.
En
tanto es así, la norma aplicable a la recurrente para evaluar el desempeño en
el cargo y la continuidad en él, se encuentran reguladas en la Ley N° 29944 y
su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2013-ED. No está permitido
entonces por Constitución Política y la Ley, el procedimiento que regula o
establece la Resolución
Ministerial Nº 204-2014-MINEDU y la R.M. N° 214-2014-MINEDU, toda vez que hace
una convocatoria para un “Procedimiento excepcional” de evaluación de las
plazas de directivas titulares, obviando que en este caso lo correcto, legal y
justo es la evaluación para tratar sobre la continuidad o no en el cargo,
MEDIANTE UNA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EN EL CARGO.
Esta inobservancia implica que no
se tiene en cuenta la teoría de los hechos cumplidos cuando favorece al
trabajador; teoría, que según lo ha sentenciado el Tribunal Constitucional,
significa que la ley despliega sus efectos desde el momento en que entra en
vigor, debiendo ser aplicada a toda situación subsumible en el supuesto de
hecho.
DÉCIMO PRIMERO:
En el extremo de la vulneración y/o agresión se encuentra
el principio de legalidad[2],
previsto y reconocido en el literal d) del inciso 24 del Art. 2° de la
Constitución Política, pues no se observa y aplica lo expresamente regulado por
la Ley N° 29944, afectando la amparada teoría de los hechos cumplidos, en
desmedro de un Estado de Derecho. Asimismo, se ha vulnerado el principio al
debido proceso[3],
cautelado por el artículo 139° inciso 3) de la Constitución, que deviene en un
derecho continente, puesto que comprende, a su vez, diversos derechos
fundamentales de orden procesal. A este respecto, el Tribunal Constitucional ha
afirmado lo siguiente:
“(...) su contenido constitucionalmente
protegido comprende una serie de garantías, formales y materiales, de muy
distinta naturaleza, que en conjunto garantizan que el procedimiento o proceso
en el cual se encuentre inmerso una persona, se realice y concluya con el
necesario respeto y protección de todos los derechos que en él puedan
encontrarse comprendidos. (STC 7289-2005-AA/TC, FJ 5.)
Al
respecto, es importante precisar que, el Tribunal Constitucional ha reconocido
en este derecho una dimensión sustancial, de modo tal que el juez
constitucional está legitimado para evaluar la
razonabilidad y proporcionalidad de las decisiones sea cual fuere la entidad
que las emita
DÉCIMO SEGUNDO: Que, finalmente, debo advertir señor Juez, la
presente demanda se sustenta en una violación de mis derechos constitucionales y del Estado de
Derecho, es pertinente recordar que el Tribunal constitucional peruano ha
precisado en reiterada línea jurisprudencial
(STC N.° 2593-2003-AA/TC) que, para ser objeto
de protección a través de los procesos constitucionales, la amenaza de
violación de un derecho constitucional debe ser cierta y de inminente
realización; es decir, el perjuicio debe ser real, efectivo, tangible, concreto
e ineludible, excluyendo del amparo los perjuicios imaginarios o aquellos que
escapan a una captación objetiva. En consecuencia, para que sea considerada
cierta, la violación o amenaza debe estar fundada en hechos reales, y no
imaginarios, y ser de inminente realización, esto es, que el perjuicio ocurra
en un futuro inmediato, y no en uno remoto. A su vez, el perjuicio que se
ocasione en el futuro debe ser real, pues tiene que estar basado en hechos
verdaderos; efectivo, lo cual implica que inequívocamente menoscabará alguno de
los derechos tutelados; tangible, esto es, que debe percibirse de manera
precisa; e ineludible, entendiendo que implicará irremediablemente una
violación concreta. Situación o
exigencia que se acredita al compulsar los Arts. 32°, 33°, 35° y 38° de la Ley
N° 29944, la Décima Primera Disposición Complementaria del Decreto Supremo N°
004-2013-ED vs las “Normas Para la Evaluación Excepcional prevista en la
Décima Primera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley
de Reforma Magisterial” aprobada mediante la R.M. N°
204-2014-MINEDU y la R.M. N° 214-2014-MINEDU que aprueba la convocatoria y
cronograma para efectos de la “Evaluación Excepcional”. Debo decir que mi plaza ha
sido publicada y por tanto la amenaza a mi derecho al trabajo y al debido
proceso resulta innegable..
DÉCIMO TERCERO: Teniendo
en cuenta lo expuesto, debemos expresar primero que el derecho al trabajo es un derecho reconocido por el
Art. 22º de la Constitución Política del Estado al señalar:
“El trabajo es
un deber y un derecho. Es base del bienestar social y un medio de realización
de la persona”
Siendo que su contenido esencial implica dos aspectos,
conforme lo ha desarrollado el Tribunal Constitucional en el Fundamento
Jurídico Nº 12 de la Sentencia recaída en el Expediente Nº 1124-2001-AA/TC:
“(…) El
acceder a un puesto de trabajo, por una parte y, por otra, el derecho a no ser
despedido por causa justa, cabe precisar que, en el primer caso, el derecho al
trabajo supone la adopción por parte del Estado de una política orientada a que
la población acceda a un puesto de trabajo; si bien hay que precisar que la
satisfacción de este aspecto de este derecho constitucional implica un
desarrollo progresivo y según las posibilidades del Estado. (…)”.
Que, adicionalmente, consideramos que el derecho al
trabajo no solo supone el deber del Estado de promover condiciones necesarias
para que las personas accedan a un puesto de trabajo, sino que también que las
condiciones laborales que consagre la legislación laboral (sea del sector
público o privado) no sean reducidas o eliminadas por una norma posterior,
afectando los derechos de los trabajadores (en este caso, los Directivos). Lo
expuesto se traduce en el principio laboral de condición más beneficiosa que
supone el mantenimiento de los derechos adquiridos por el trabajador, pese a la
ulterior aprobación de una norma que con carácter de generalidad, establezca
condiciones menos favorables que las disfrutadas a título individual. Como señala el Profesor Javier Neves Mujica:
“(…) se ha
construido el principio de la condición más beneficiosa, que permite al
trabajador mantener la ventaja alcanzada” ([4]).
A
tal efecto, el Tribunal Constitucional ha señalado en el Fundamento Jurídico Nº
19 de la Sentencia recaída en el Expediente Nº 0008-PI/TC lo siguiente:
“De conformidad con lo que dispone el
artículo 23 de la Constitución, el Estado asume las siguientes
responsabilidades con relación al trabajo: (…) – Asegurar que ninguna relación
laboral limite el ejercicio de los derechos constitucionales ni desconozca ni
rebaje la dignidad del trabajador (…)”
En
ese sentido, el Estado (a través del Ministerio de Educación pretende aplicar
la Resolución
Ministerial N° 204-2014-MINEDU que aprueba las Normas Para la “Evaluación Excepcional” que no está
contenida ni consignada en la Ley de Reforma Magisterial, la Resolución Ministerial N°
214-2014-MINEDU que aprueba la convocatoria y cronograma la proceso de
“evaluación excepcional”, obligándome a participar de
un proceso donde se violenta mi calidad de DIRECTORA NOMBRADA y me obliga a ser
partícipe de un proceso que no es acorde a ley, vulnerando,
entonces, mi derecho al trabajo, con la convocatoria a “evaluación
extraordinaria” para los Directivos, a sabiendas que este proceso no es legal,
máxime si menoscaba mi dignidad de Directora, al intentar despojarme de mi
cargo sin haber procedido conforme lo establece los Art. 35° y 38° de la Ley N°
29944.
II.-
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Que, a efectos de admitirse y
tramitarse la demanda de amparo tenga en cuenta además los fundamentos de
derecho que seguidamente invoco:
2.1.- Que, la Constitución
Política del Perú en su artículo 200º, inciso 2), señala que:
“La Acción de Amparo, que procede contra el
hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que
vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución”.
En el mismo sentido el artículo 2º del Código Procesal
Constitucional establece que:
“Los procesos constitucionales de hábeas
corpus, amparo y hábeas data proceden cuando se amenacen o viole los derechos
constitucionales por acción u omisión de actos de cumplimiento obligatorio, por
parte de cualquier autoridad, funcionario o persona. Cuando se invoque la
amenaza de violación, ésta debe ser cierta y de inminente realización…”.
Que de lo expuesto en los artículos
citados, resulta que es requisito sine
quanon para la procedencia del amparo, la existencia de algún hecho u
omisión concreto de parte del demandado que vulnere o amenace los derechos
constitucionales del accionante. Se
requiere además, como se da en la presente situación, que la vulneración de los
derechos sea cierta y de inminente realización.
Las
exigencias de la normas precitadas para la admisión y resolución de un proceso
de amparo, se encuentran cumplidas y acreditadas con el acto administrativo,
esto es, el Decreto Supremo N° 03-2014-MINEDU que
incorpora una nueva Disposición Complementaria Transitoria al Reglamento de la
Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, aprobado por Decreto Supremo N°
004-2013-ED, la Resolución Ministerial N° 204-2014-MINEDU que aprueba las “Normas
Para la “Evaluación Excepcional” que no está contenida ni consignada en la Ley
de Reforma Magisterial”, la Resolución Ministerial N°
214-2014-MINEDU que aprueba la convocatoria y cronograma la proceso de
“evaluación excepcional”, obligándome a participar de
un proceso donde se violenta mi calidad de DIRECTORA NOMBRADA y me obliga a ser
partícipe de un proceso que no es acorde a ley, por no ser evaluación de
desempeño de gestión, tal como la ley indica, vulnerando
los principios constitucionales de principio de legalidad y debido proceso, al
afectar mi nombramiento ilegalmente en el Cargo de DIRECTORA NOMBRADA de la institución educativa “Esther
Festini de Ramos Ocampo”, jurisdicción de la UGEL 04.
2.2.- En la Ley N° 28237 “Código Procesal Constitucional”, sus artículos
siguientes:
- Artículo II del Título Preliminar, son fines esenciales de los procesos constitucionales
garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los
derechos constitucionales.
- Artículo 15°, por cuanto la finalidad del recurrente con la interposición de
la presente medida cautelar es
la de suspender el acto violatorio de mi derechos constitucionales
invocados y se reponga la situación de hecho anterior a la existencia de
los actos violatorios.
·
Artículo 37º, según el cual el amparo procede
en defensa de los siguientes derechos: 10) Al trabajo y 25) “Los
demás que la Constitución reconoce”.
·
Artículo 39°, que permite interponer demanda de amparo, a cualquier persona cuando se trate
de amenaza o violación de derechos difusos que gocen de reconocimiento
constitucional.
·
Artículo 46°, numeral 2) respecto a la “EXCEPCIONES AL AGOTAMIENTO DE LA VIA PREVIA”, el inciso 4) del Art. 5º de la Ley Nº 28237 - Código Procesal
Constitucional, establece como causal de improcedencia de las acciones de
garantía (incluyendo la presente), el no agotamiento de las vías previas, salvo
en los supuestos previstos en el citado Código. En el caso del proceso de
acción de amparo, las excepciones a esta causal de improcedencia, están
reguladas en el Art. 46º de la norma citada, que señala lo siguiente:
“Art. 46º.- Excepciones al
agotamiento de las vías previas.- No será exigible el agotamiento de las vías
previas si:
1)
Una resolución, que no sea la última en la
vía administrativa, es
ejecutada antes de vencerse el plazo para que quede consentida;
2)
Por el
agotamiento de la vía previa la agresión pudiera convertirse en irreparable;
3)
La vía
previa no se encuentra regulada o ha sido iniciada innecesariamente por el
afectado; o
4) No se resuelve la vía previa en los plazos
fijados para su resolución.” (subrayado
agregado).
Las
vías previas están relacionadas con el conocimiento y solución de un conflicto
de intereses a un nivel pre-judicial, implicando su exigencia que el supuesto
afectado en sus derechos, antes de someter la cuestión al órgano jurisdiccional
debe recurrir previamente ante el supuesto agresor y agotar todos los recursos
establecidos para enervar y atacar los efectos del acto que ocasiona la
afectación ([5]). Sin
embargo, dicho principio general tiene sus excepciones, debido a que la
finalidad de solicitar el agotamiento de las vías previas obedece a la
necesidad que el Juzgador no intervenga en determinados supuestos.
En
efecto, aplicando el anterior criterio doctrinal en la interpretación del
inciso 3) del Art. 46º del Código Procesal Constitucional, debemos concluir que
dicha excepción al agotamiento de vías previas supone que el afectado por la
agresión constitucional no deberá ir a la vía previa.
III.- MONTO DEL PETITORIO.
Debido a la naturaleza de la pretensión no es
cuantificable en dinero.
IV.- DE LA VÍA PROCEDIMENTAL.
A la presente le corresponde la vía
procedimental especial del proceso constitucional de amparo previsto en el
Código Procesal Constitucional.
V.- MEDIOS PROBATORIOS.
Que, a fin de acreditar todos y cada
uno de los fundamentos expuestos en el texto de la presente Demanda, adjuntamos
a la presente lo siguiente:
a.-
El mérito de la copia fedateada por autoridad
competente de la Resolución Directoral N° xyxyxyxyxyx USE 05 - Lima, que acredita que
soy Directora Titular desde el año 1995 y que a dicho cargo accedí mediante
concurso público.
b.-
El
mérito de la copia fedateada por
autoridad competente de la Resolución Directoral N° xyxyxyxyxyxyxyxyx que me
reasigna a la institución educativa “Esther Festini de Ramos Ocampo” hasta la
fecha.
c.-
El
mérito de la copia fedateada por autoridad competente de la Resolución
Directoral N° xyxyxyxyxyxyx que me incorpora a la Ley N° 29062 manteniendo mi
calidad de Directora Nombrada.
d.- El mérito del Decreto Supremo N°
03-2014-MINEDU que incorpora Disposición Complementaria Transitoria al
Reglamento de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, aprobado por Decreto
Supremo N° 004-2013-ED, que acredita la incorporación
de un tipo de evaluación que no está consignado en la ley de Reforma
Magisterial, obligándome a participar de un proceso donde se violenta mi
calidad de DIRECTORA NOMBRADA y se distorsiona la evaluación de desempeño de
gestión que la Ley de Reforma Magisterial consigna.
e.-
El
mérito de la Resolución Ministerial N° 204-2014-MINEDU que aprueba las “Normas
Para la Evaluación Excepcional prevista en la Décima Primera Disposición
Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial”, que desarrolla el procedimiento
de la “evaluación excepcional” que no está consignada en la ley de Reforma
Magisterial, obligándome a participar de un proceso donde se violenta mi
calidad de DIRECTORA NOMBRADA y me obliga a ser partícipe de un proceso que no
es acorde a ley, por no ser evaluación de desempeño de gestión, tal como la ley
indica.
f.-
El
mérito de la Resolución Ministerial N° 214-2014-MINEDU que aprueba la
convocatoria y cronograma la proceso de “evaluación excepcional” que no está consignada en la ley de Reforma Magisterial,
obligándome a participar de un proceso donde se violenta mi calidad de DIRECTORANOMBRADA
y me obliga a ser partícipe de un proceso que no es acorde a ley, por no ser
evaluación de desempeño de gestión, tal como la ley indica.
g.-
El
mérito de la copia de la pre publicación de la relación de Directivos sujetos
al proceso de evaluación que contiene el código de la plaza de la cual soy
directora y que corrobora que mi plaza de Directora Nombrada está consignada
como plaza para concurso o “evaluación excepcional” poniendo en riesgo o
factible la pérdida de mi plaza como DIRECTORA NOMBRADA, esto es, amenazando
mis derechos fundamentales.
h.-
El
mérito de la Relación de profesores sujetos a evaluación excepcional de
Directivos en instituciones educativos. Dicha hoja consigna la información de
la plaza, el cargo que ocupo y acredita
que está en riesgo o es factible la pérdida de mi plaza como DIRECTORA NOMBRADA,
esto es, se amenaza mis derechos fundamentales.
i.- Copia fedateada por autoridad
competente de los talones de pago entregados a la suscrita, correspondiente a
los meses de enero, febrero, marzo y abril del año 2014, en los cuales está consignado
el cargo de Directora Nombrada y la institución educativa en la cual ostento el
cargo de Directora.
VI.- ANEXOS. –
ANEXO 1.A.- Copia de mi Documento Nacional de Identidad.
ANEXO 1.B.- Copia fedateada por autoridad competente de la
Resolución Directoral Resolución Directoral N° xyxyxyxyxyxyx
– USE 05 - LIma, que acredita que soy Directora Titular desde el año 1995 y que
a dicho cargo accedí mediante concurso público.
ANEXO 1.C.- Copia fedateada por autoridad
competente de la Resolución Directoral N° xyxyxyxyxyxyxyx que acredita y
corrobora mi reasignación a la institución educativa xyxyxyxyxyxyx en la cual
laboro como Directora titular hasta la fecha.
ANEXO 1.D.- Copia fedateada por autoridad competente
de la Resolución Directoral N° xyxyxyxyxyxyxyx que acredita mi incorporación a
la Ley N° 29062 en calidad de Directora titular.
ANEXO 1.E.- Copia fedateada por autoridad
competente del Decreto Supremo N° 03-2014-MINEDU que incorpora Disposición Complementaria
Transitoria al Reglamento de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial,
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2013-ED, que
acredita la incorporación de un tipo de evaluación que no está consignado en la
ley de Reforma Magisterial, obligándome a participar de un proceso donde se
violenta mi calidad de DIRECTORA NOMBRADA y se distorsiona la evaluación de
desempeño de gestión que la Ley de Reforma Magisterial consigna.
ANEXO 1.F.- Copia fedateada por autoridad
competente de la Resolución Ministerial N° 204-2014-MINEDU que aprueba las “Normas
Para la Evaluación Excepcional prevista en la Décima Primera Disposición
Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial”, que desarrolla el
procedimiento de la “evaluación excepcional” que no está consignada en la ley
de Reforma Magisterial, obligándome a participar de un proceso donde se
violenta mi calidad de DIRECTORA NOMBRADA y me obliga a ser partícipe de un
proceso que no es acorde a ley, por no ser evaluación de desempeño de gestión,
tal como la ley indica.
ANEXO 1.G.- Copia fedateada por autoridad
competente de la Resolución Ministerial N° 214-2014-MINEDU que aprueba la
convocatoria y cronograma la proceso de “evaluación excepcional” que no está consignada en la ley de Reforma Magisterial,
obligándome a participar de un proceso donde se violenta mi calidad de DIRECTORA
NOMBRADA y me obliga a ser partícipe de un proceso que no es acorde a ley, por
no ser evaluación de desempeño de gestión, tal como la ley indica.
ANEXO 1.H.- Copia de la pre publicación de la
relación de Directivos sujetos al proceso de evaluación que contiene el código
de la plaza de la cual soy directora y que corrobora que mi plaza de Directora
Nombrada está consignada como plaza para concurso o “evaluación excepcional”
poniendo en riesgo o factible la pérdida de mi plaza como DIRECTORA NOMBRADA,
esto es, amenazando mis derechos fundamentales.
ANEXO 1.I.- Original de la hoja de la relación de profesores sujetos a
evaluación excepcional de Directivos en instituciones educativos. Dicha hoja
consigna la información de la plaza, el
cargo que ocupo y acredita que está en riesgo o es factible la pérdida de mi
plaza como DIRECTORA NOMBRADA, esto es, se amenaza mis derechos fundamentales.
ANEXO J.- Copia fedateada por autoridad
competente de los talones de pago entregado al suscrito, correspondiente a los
meses de enero, febrero, marzo y abril del año 2014, en los cuales está
consignado el cargo de Directora Nombrada y la institución educativa en la cual
ostento el cargo de Directora.
ANEXO
1.K.- Hoja de habilitación de abogado
POR LO EXPUESTO:
A UD. SEÑOR JUEZ PEDIMOS: Se
sirva admitir a trámite la presente Demanda de Acción de Amparo Constitucional;
y en consecuencia, en su oportunidad, declararla FUNDADA por ser de estricta Justicia Constitucional.
PRIMER OTROSÍ DECIMOS: Que,
al amparo de lo dispuesto en el Art. VIII del Título Preliminar del Código
Procesal Constitucional, solicitamos a vuestro Despacho suplir las
deficiencias procesales en que pudiésemos haber incurrido involuntariamente,
en aplicación del Principio General del
Derecho Procesal IURA NOVIT CURIAE, aplicable a la presente solicitud.
SEGUNDO OTROSÍ DECIMOS: Que, al amparo de lo dispuesto en
el Art. 80° del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al presente
proceso constitucional, otorgo representación procesal al letrado que autoriza
el presente Escrito: Zarazu gomero Antonio, Reg. xxyxyxyxy, confiriéndole al
efecto las facultades generales de mandato contenidas en el Art. 74° del mismo
cuerpo de leyes. Conforme a lo dispuesto en el antes citado Art. 80° del Código
Procesal Civil, el suscrito declara expresamente estar instruido debidamente de
las facultades que mediante el presente acto procesal están confiriendo.
Lima
Norte, xyxyxyxyx junio del 2014
[1] Art. 12° de la Ley 29944.-
Área de Desempeño Laboral: (…) b) Gestión institucional: Comprende a los profesores en
ejercicio de los cargos de Director de Unidad de Gestión Educativa Local
(UGEL), Director o Jefe de Gestión Pedagógica, Especialista en Educación de las
diferentes instancias de gestión educativa descentralizada, director y Subdirector de institución
educativa.
En ese sentido, el principio de legalidad
en el Estado constitucional no significa simple y llanamente la ejecución y el
cumplimiento de lo que establece una ley, sino también, y principalmente, su
compatibilidad con el orden objetivo de principios y valores constitucionales;
examen que la administración pública debe realizar aplicando criterios de
razonabilidad, racionalidad y proporcionalidad. Esta forma de concebir el
principio de legalidad se concretiza, por ejemplo, en el artículo III del
Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, cuando
señala que la actuación de la administración pública tiene como finalidad la
protección del interés general, pero ello sólo es posible de ser realizado
«(...) garantizando los derechos e intereses de los administrados y con
sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general» (énfasis
agregado).
Como ya lo ha expresado el
Tribunal Constitucional en abundante y sostenida jurisprudencia el debido proceso está concebido como el
cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben
aplicarse a todos los casos y procedimientos, en cuyo seno se alberga los actos
administrativos, a fin de que las personas estén en la posibilidad de defender
adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado o de los particulares
que pueda afectarlos. Queda claro, entonces, que la cláusula fundamental
contenida en el artículo 139.3 de la Constitución Política del Perú, no es “patrimonio” exclusivo de los procesos
jurisdiccionales, sino que el respeto del contenido del debido proceso se hace
extensivo a los procesos administrativos públicos (como es el caso de autos) o
privados
Dr, zarazu que opina de que han denegado la acciòn popular a los directivos, cuál es el próximo paso
ResponderEliminarConsidero que les queda interponer el recurso de apelación contra la sentencia que declara infundada la acción popular, conforme así lo dispone el Código Procesal Constitucional. En cuanto a mi opinión respecto a la sentencia, no la puedo emitir pues no conozco los detalles de la sentencia. Pero considero que la acción popular era la vía correcta para reclamar con respecto al proceso de concurso Directivo; con esa sentencia, las acciones de amparo admitidas de los directores, peligran en la decisión final, pues por una parte los procuradores la consideraran en su alegatos y los jueces al momento de pronunciarse.
ResponderEliminarDice no saber los detalles pero ha publicado la sentencia completa.
ResponderEliminarpor tanto, ahora si podrá dar su comentario.
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