Mientras fui dirigente nacional del SUTEP, particularmente durante la dictadura de Fujimori, Wladimiro Montesinos, las Fuerzas Armadas y el empresariado agrupado en la CONFIEP, debí de pronunciarme constantemente contra la entrega (transferencia le denominan) de las escuelas a las municipalidades, abriendo, al mismo tiempo, todas las puertas para la privatización de la educación básica y superior. Esta decisión se comenzó a tomar desde fines de 1991 (Decreto Legislativo 699), 1992 (Decreto Ley 26011) y 1997, cuando a la municipalización de la educación se unió la de la salud. Las decisiones políticas de aquellos años tuvieron como centro de inspiración el modelo de reforma educativa neoliberal que impuso la dictadura de Pinochet en Chile, más la orientación del Banco Mundial y la exigencia del Fondo Monetario internacional.
El hecho de que el fujimontesinismo no lograra imponer la municipalización de la educación en el Perú debe explicarse por la lucha de los maestros organizados en su sindicato. Sus tres intentos fueron desbaratados no solamente a través de la lucha en las calles, sino con argumentos que se hizo llegar a los padres de familia y a los alcaldes de aquellos años.
Una lucha con argumentos
La lucha del sindicato magisterial, en aquellos años, fue casi solitaria, pues hasta los que hoy están apoyando la lucha de los estudiantes chilenos tuvieron, frente a la municipalización de la educación y a toda la reforma educativa neoliberal una actitud complaciente en algunos casos, y de apoyo en otros, pues, aduciendo sus discrepancias con la dirección “sectaria” y “oposicionista” del SUTEP, colaboraron con aquella reforma y hasta lucraron participando de sus programas de capacitación y concursos docentes. No consideraron adecuada nuestra posición de lucha contra esa reforma como parte de la lucha contra el neoliberalismo, muchos menos nuestras afirmaciones sobre el fracaso de la reforma chilena, pues desde fines de los años 80 del siglo XX, la investigadora Viola Espinola reveló ese fracaso a través de un libro que pocos han leído y casi nadie recuerda. Consideraban, más bien, que había“resquicios” para “hacer algo” a favor de la educación. No pocas onegés dedicadas al asunto de la educación convivieron, amigablemente, con los reformadores neoliberales.
Nuestro argumento central para oponernos a la municipalización educativa fue, y sigue siendo, su mandato macroeconómico fondomonetarista de transferir las obligaciones económicas del gobierno central al pueblo a través de la administración municipal de la educación, como luego ocurrió en Argentina bajo el dominio del neoliberalismo del ex Presidente Saúl Menem. Hay, desde luego, otros argumentos importantes que pretenden ignorar ciertos alcaldes y hasta presidentes regionales. Pero, como lo dijo en algún texto el ex funcionario de UNESCO Juan Carlos Tedesco, la esencia de la reforma educativa neoliberal en Chile y en cualquier parte es de índole presupuestaria, su objetivo de disminuir los gastos del Estado en educación para resolver los problemas de los equilibrios macroeconómicos en una economía de libre mercado donde el sector privado requiere ampliar sus tasas de ganancias apoderándose de todos los sectores de la economía y los servicios. Todo lo demás sobre la pedagogía constructivista, el supuesto mejoramiento de la calidad educativa, las evaluaciones docentes estandarizadas, la enseñanza por competencias y otros adornos de aquella reforma, no son sino aditamentos para encubrir el objetivo central señalado.
Del fracaso a la lucha
Como ha quedado demostrado, toda la reforma educativa neoliberal, pero especialmente la municipalización de la educación, han fracasado en Chile y en todos los países donde han sido impuestas. La lucha de los estudiantes chilenos y de sus maestros, que vienen desde los primeros años del siglo XXI, ha estallado hoy golpeando el duro cerebro de sus gobernantes y removiendo el encéfalo de muchos otros que ayer ni se inmutaban frente a la reforma neoliberal, a la cual, más bien, aplaudían.
La Concertación chilena, realmente, no movió un dedo durante los 20 años que le correspondió gobernar, pese a que durante la campaña electoral del 2006, la entonces candidata presidencial de esa agrupación, supuestamente de izquierda, Sra. Michele Bachellet, encaró la pésima educación chilena como argumento para enróstralo a su contendiente, el hoy Presidente Piñera.
La lucha estudiantil en el Chile del 2011 es, qué duda cabe, el estallido de un descontento frente a un programa educativo fracasado y a las profundas desigualdades generadas por el neoliberalismo en ese país. La lucha por una nueva educación chilena, que recobre, por lo menos, su carácter gratuito, laico, democrático y mejor nivel académico, ha despertado la conciencia de los millones de chilenos niños, adolescentes y adultos, haciendo converger a los más vastos sectores que no pueden pagar la educación que ofrecen los privatizadores de la enseñanza, quienes consideran que los créditos y las“becas” son la panacea para democratizar la enseñanza.
La lucha de los estudiantes chilenos se da en las calles, un escenario donde se han definido muchas conquistas proletarias y populares. Esa lucha demuestra, una vez más, que la lucha de masas no ha periclitado, como afirman en el Perú ciertos voceros del conservadurismo neoliberal ni algunos representantes de la aristocracia obrera que pretende oponer la acción directa a la “propuesta”. Cierto tipo de componenda con los patrones de turno busca limitar la lucha de los trabajadores al mero diálogo, eterno e improductivo. Los estudiantes chilenos están demostrando que el diálogo es adecuado si su soporte es de masas en lucha y si tiene un resultado positivo para los objetivos de esa lucha. Piñera quiere demostrar que la lucha de masas es contraria al diálogo.
La municipalización de la educación en Chile, al lado de las escuelas subsidiadas bajo una dirección privatizada, ha contribuido al descalabro de toda la educación chilena.
El gobierno chileno, como ya lo dijimos en un artículo anterior, no puede más que ofrecer más de lo mismo: mantenimiento del sistema con “más becas”, “más créditos educativos”, un poquito más de presupuesto para ciertas regiones con mayor pobreza y, lo que ya se esperaba, más represión contra los estudiantes.
¿Y qué más podría ofrecer el gobierno de don Sebastián Piñera si este señor es uno de los más genuinos representantes de la gran burguesía neoliberal de Chile que colaboró con el golpe de Pinochet y luego dio un viraje táctico para seguir manteniendo su situación de uno de los hombres más ricos de Chile (más de 3 mil millones de dólares americanos)? Si la Concertación no hizo más que consolidar el neoliberalismo en Chile, a Pinochet le cabe la responsabilidad de mantenerlo a cualquier precio. Difícilmente podrá ceder a las exigencias de la actual lucha estudiantil en Chile. Solamente una lucha más amplia, que involucre a las demás fuerzas populares, en especial a los trabajadores organizados en su central sindical, a los maestros del Colegio de Profesores (que es, en realidad, el sindicato) y a todo el pueblo.
Nueva lección para el Perú
Si el gobierno del Presidente Ollanta Humala tuviese un proyecto de educación para romper con la reforma educativa neoliberal en el Perú, dejaría de estar titubeando con la municipalización de la educación que iniciara el gobierno aprista. Si primero se afirma que la municipalización de la educación queda suspendida, luego en evaluación, nuevamente que “ya no da más”, y no tomar una decisión legal para definir su destino, es signo de una falta de proyecto para la educación peruana, pero también expresión de un trasfondo de presión desde el Ministerio de Economía y Finanzas en manos de un conspicuo representante del gran capital y del proyecto neoliberal, como lo es el Ministro Castilla. No debe olvidarse que uno de sus antecesores, Luis Carranza, advirtió que “es peligroso” dejar de aplicar las políticas educativas que ha impuesto el gobierno aprista.
La mejor lección que hoy nos da Chile en materia educativa es que si no se desmonta el proyecto neoliberal, es difícil dar curso a un nuevo proyecto educativo y a la recuperación de la educación pública como un derecho social y una obligación del Estado.
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