sábado, 23 de julio de 2016

INCENTIVO POR ESTUDIO DE POSGRADO

“Me responde a esta inquietud por favor
INCENTIVO POR ESTUDIO DE POSGRADO
El artículo 61 de la Ley de Reforma Magisterial, se refiere al Incentivo
Por estudio de posgrado, y señala que el Ministerio de Educación establece un incentivo económico diferenciado para los profesores que obtengan el grado académico de maestría o doctorado, en educación o áreas académicas afines y que este incentivo se otorga por única vez. La sétima disposición transitoria y final de la ley de Reforma Magisterial (publicado el 25 de noviembre de 2012), se refiere a la asignación por grado de maestría y doctorado, y establece que los profesores que hasta antes de la entrada en vigencia de la Ley de Reforma Magisterial percibían la asignación diferenciada por maestría y doctorado, continúan percibiéndola por el mismo monto fijo y quedan excluidos de lo dispuesto en el artículo 61 de la LRM”.
ESTA ES UNA DE LA REINTERATIVAS CONSULTAS DE LOS PROFESORES EN LOS ÚLTIMOS DÍAS; MÁS SI TODAVÍA CUANDO ALGUNOS HAN INICIADO PETICIONES A NIVEL DE LA UGEL. AL RESPECTO DEBO SEÑALAR LO SIGUIENTE:
1)     En efecto, el Art. 61° de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, reconoce un pago por única vez al profesor que obtenga el grado académico de maestría o doctorado, en educación o áreas académicas afines. Dispositivo legal que debe concordado con el Art. 131° del D.S. N° 004-2013-ED, Reglamento de la Ley, que precisa a lo ya señalado, la exigencia de que los grados obtenidos sean vía estudios presenciales en universidades debidamente acreditadas de acuerdo a las normas emitidas por el SINEACE. Se puntualiza que los profesores que vienen percibido este beneficio (Ley N° 24029) no tienen derecho acceder a este incentivo.
Partiendo del final, debemos comprender que el docente que lo viene recibiendo en su remuneración de forma mensual, ya que proviene directamente de la Ley N° 24029, “Ley del Profesorado” no tiene derecho de acceder a este incentivo.
Estando a que la acreditación de las Universidades Peruanas, publicas y privadas, se iniciaron mediante la RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO AD HOC Nº 022-2016-SINEACE/CDAH-P; a la fecha existen ciertas profesiones y grados avalados por el SINACE, para ver cuál es la situación de su Post Grado, sería bueno que el docente ingrese a la página de la institución en mención.
Pero ello no es suficiente, existe otro tamiz que prácticamente impide que se inicie el pedido de pago de este incentivo. Sobre ello es necesario indicar que los haberes mensuales de los docentes comprenden los conceptos remunerativos y no remunerativos:
-          Remuneración Íntegra Mensual (RIM), que es lo que se recibe mensualmente de forma regular en su monto, permanente en el tiempo y se otorga con carácter general para todos los profesores de la carrera pública magisterial, según la escala magisterial alcanzada y la jornada de trabajo. Se fija mediante Decreto Supremo y constituye una escala única nacional de cumplimiento obligatorio por todas las instancias de gestión educativa descentralizadas del Sector Educación”;
-          Las asignaciones temporales, viene a ser  el reconocimientos económicos que se otorgan al profesor por el ejercicio de la función bajo ciertas condiciones particulares y/o asumir cargos o funciones de mayor responsabilidad. Son percibidas siempre y cuando desarrolle su labor de manera efectiva bajo estas condiciones. Los criterios técnicos y montos de las asignaciones temporales son establecidas mediante Decreto Supremo. Encargaturas, trabajo en zonas rurales, fronteras y otros.
-          Los incentivos, prestaciones económicas u otros que valoran la excelencia profesional, el desempeño destacado, y los grados académicos obtenidos por el profesor. El MINEDU establece las características y condiciones para el otorgamiento de estos incentivos. el monto es fijado mediante decreto supremo. ESTE ES EL CONCEPTO REMUNERATIVO DONDE SE ENCUENTRA REGULADO EL INCENTIVO QUE SE DEBE OTORGAR POR ÚNICA VEZ AL OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE MAGISTER O DOCTOR EN EDUCACIÓN A ÁREAS AFINES; CUYO OTORGAMIENTO, RECONOCIMIENTO O ENTREGA ESTÁ SUPEDITADO A LA EMISIÓN DE UN DECRETO SUPREMO POR PARTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, MIENTRAS ESTA NORMA NO EXISTE, SU PRETENSIÓN ES IMPROCEDENTE.
Espero haber absuelto su inquietud maestra y de los que lean el presente artículo.





domingo, 10 de julio de 2016

SANCIÓN ADMINISTRATIVA POR VENTA DE FOTOCOPIAS


Con Resolución Directoral UGEL.01 N° 1713, la UGEL.01 sancionó a un conjunto de docentes con CESE TEMPORAL bajo el pretexto de la venta de materiales de enseñanza a los estudiantes que seguían el curso de Matemática.
Ante la sanción administrativa impuesta, y que era el colorario de la denuncia presentada por el propio Director de la I.E., los docentes impugnaron por cuerda separada, argumentando que “(…) no me he benificiado con ningún centimo de sol con el expendio de materiales de estudio del área de Matematica, puesto que los pequeños remanentes del costo y del papel de la inta, fueron destinados a las mejoras infraestructurales del ambiente asignado a nuestra área y en materiales educativos (…)”. Es posible que esta justificación, suene a una confesión sincera y por lo tanto al reconocimiento de la culpa; pero si se analiza, desde la calidad del servicio que se intenta prestar, y entendiendo que la denuncia, no viene de los usuarios (alumnos o padres de familia), sino del cuerpo directivo de la I.E.; la Autoridad Competente, en primera face, debió agotar la investigación en la I.E., y el Tribunal de Servicio Civil, ante la falta de evidencia que acredite el dolo o la culpa, debió urgar en el Expediente, que motivó a elaborar las copias para el trabajo en el Área de Matemática.
Con un comportamiento facilista, el Tribunal de Servicio Civil, en su fundamento 47 de la Resolución N° 01261-2016-SERVIR/TSC-Primera Sala, justifica la confirmación de la sanción, señalando que “(…), se puede advertir que la impugnate reconoce de manera expresa que ha realizado la venta de materiales de enseñanza en el curso de Matemática, justificando su accionar aduciendo que los ingresos fueron destinados a la mejora en la calidad educativa”.  La pregunta sería en este extremo, porque el Tribunal solo recoge y/o valora la parte de aparente reconocimiento de responsabilidad; por que no se valora en la misma magnitud, que el docente frente al abandono del Estado,  busca mejores condiciones de enseñanza para sus alumnos, lo cual lo puede encontrar a través de un conjunto de actividades, que no necesariamente pueden ser entendidas con afectacion al derecho a la gratuidad de la educación.
Para terminar resolviendo como infundado la apelación incoada por el docente, el Tribunal de Servicio Civil, cita lo que establece el Art. 17° de la Constitución Política,  esto es que “La educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias. En las instituciones del Estado, la educación es gratuita (…)”, concordándola la norma contenida en el Art. 4° de la Ley 28044, Ley General de Educación, que taxativamente establece que: “La educación es un servicio público; cuando lo provee el Estado es gratuita en todos sus niveles y modalidades, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política y en la presente ley (…)”. Si por agenciar una copias a los alumnos en el área de matemática se afecta las normas precitadas, entonces diríamos que estos preceptos normativos se ven afectados, por ejemplo cuando la autoridad expende los talonarios de certificados de estudio (UGEL) y la Dirección de la I.E., los termina vendiendo a los estudiantes, no por céntimos sino por soles, tanto en el nivel primaria como en secundaria.
Por otra parte, la Autoridades Administrativas a cargo del proceso administrativo y de resolución de la impugnación, de acuerdo a su escalón, no se han preguntado del porque un docente recurre a las fotocopias. Acaso no es cierto que los textos del Ministerio de Educación, que deben ser entregados a los estudiantes llegan pasados los primeros tres meses, y a veces hasta en números insuficientes. Acaso no es cierto, que esos textos tienen, en algunos casos, errores y hasta un bajo nivel. Entonces pues, como el docente puede suplir semejantes deficiencias. Creo que, muchos profesores a partir de esta sanción que afecta el escalafón de los sancionados hasta por más de dos años, tendrán que limitar su trabajo a un material insuficiente, deficiente y que llega a veces cuando ya acaba el año escolar.
Termina su Resolución el SERVIR, señalando en su fundamento 51 que “(…)  se advierte que la impugnante no ha tenido en consideración que con el cobro efectuado por el material empleado en el cuero de ;atemática en la Institución Educativa, estaba perjudicando la enseñanza de los estudiantes al no seguir el proceso educativo con el material brindado por la UGEL N° 01 para tal fin, (…)”.
DESPUÉS DE ESTO, ES MEJOR NO UTILIZAR FOTOCOPIAS.







lunes, 13 de junio de 2016

Adecuar las funciones del trabajador público

Empleador debe adecuar las funciones del trabajador público que tenga alguna discapacidad

El Tribunal del Servicio Civil ha establecido que cuando los servidores públicos sufran alguna discapacidad, la entidad empleadora tendrá que realizar los ajustes razonables correspondientes para facilitarle el trabajo y garantizar su inclusión.
La normativa internacional y nacional reconoce a la persona con discapacidad el derecho a trabajar con las mismas oportunidades y beneficios que los demás trabajadores. Debido a la vulnerabilidad de este sector de la población, que se encuentra más proclive a sufrir discriminación en el ámbito laboral, el empleador tiene el deber de realizar ajustes razonables en el centro de trabajo con el objeto de asegurar su normal desarrollo en la sociedad.

Dicho criterio ha sido formulado por la Segunda Sala del Tribunal del Servicio Civil en la Resolución N° 00889-2016-SERVIR/TSC-Segunda Sala, mediante la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto por una servidora pública con el objeto de que su empleadora, la Unidad de Gestión Educativa Local N° 03, realice ajustes razonables para que pueda prestar sus labores con normalidad.

El caso es el siguiente: La trabajadora en cuestión presentó un escrito a su empleadora solicitando el ajuste razonable o adecuación de sus funciones como docente por motivos de discapacidad. No obstante, la entidad empleadora resolvió devolver el documento presentado por la trabajadora, desestimando la solicitud bajo el argumento de que ella no pueda desempeñar sus funciones como docente en otras áreas. Luego de presentar su recurso de reconsideración, que también fue desestimado, la trabajadora interpuso un recurso de apelación señalando que la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, establece en sus artículos 50 y 51 la obligación del empleador de realizar ajustes razonables en el lugar de trabajo. Además sustentó su pedido en función de lo señalado en un informe médico, que sugiere el cambio o adecuación razonable de sus funciones.

Con la finalidad de determinar si en el presente caso procede la implementación de ajustes razonables en el centro de trabajo, la Segunda Sala del Tribunal del Servicio Civil señaló preliminarmente que, de acuerdo con la doctrina, por ajustes razonables se puede entender la conducta positiva de actuación del sujeto obligado por norma jurídica consistente en realizar modificaciones y adaptaciones adecuadas del entorno a las necesidades específicas de las persona con discapacidad. Dichos ajustes son realizados con la finalidad de permitir el acceso o el ejercicio de los derechos y la participación comunitaria en plenitud del trabajador con discapacidad, siempre que no signifiquen una carga indebida para la persona obligada.

En orden a estas ideas, la Sala procedió a verificar una serie de documentos presentados por la recurrente y concluyó que estaba demostrado el hecho de que la trabajadora sufría discapacidad. Precisó además que en diferentes informes médicos se recomienda adaptar las labores de la trabajadora a efectos de que pueda desempeñarse en forma habitual como docente. Por otro lado, la Sala indicó que si bien la Ley de Reforma Magisterial —norma que regula las relaciones entre el Estado y los profesores— no contempla la adecuación de funciones por motivos de salud de los profesores, las disposiciones relacionadas al trabajo y al empleo de las personas con discapacidad (regulados en la Ley N° 29973) deben ser entendidos como de alcance transversal a todos los regímenes laborales que se encuentran en el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, razón por la cual son normas de obligatorio cumplimiento.

Para la Sala, entre las medidas justificadas para realizar los ajustes razonables en el centro de trabajo, y que actúan como garantía al derecho de igualdad de oportunidades, se encuentra la modificación de la organización de trabajo y de los horarios en función de las necesidades del trabajador con discapacidad. La ausencia de alguna medida de este tipo comportaría una situación discriminatoria para los servidores públicos que sufran alguna discapacidad, comprobada de acuerdo a ley.

Por lo tanto, la Sala resolvió el caso declarando fundado el recurso de apelación, al quedar demostrado que la entidad empleadora no realizó los ajustes razonables en el lugar de trabajo a pesar de que la trabajadora sustentó su situación de discapacidad.
FUENTE: http://laley.pe/not/3348/empleador-debe-adecuar-las-funciones-del-trabajador-publico-que-tenga-alguna-discapacidad/

sábado, 11 de junio de 2016

CASACIÓN SOBRE LA BONIFICACIÓN ESPECIAL POR PREPARACIÓN DE CLASE Y EVALUACIÓN

Luego de una lucha legal, por ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema, logramos alcanzar una sentencia de casación favorable, pues revoca la sentencia de vista de la Sala Laboral, que revocó la Sentencia que en su oportunidad resolvió como FUNDADA LA DEMANDA de la bonificación especial, con el argumento que el Tribunal de Servicio Civil no se había pronunciado con respecto al pago de los reintegros devengados.

REPRODUCIMOS PARTE DE LA CASACIÓN:




IV Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral y previsional sobre la Prórroga Automática del Contrato CAS

Con fecha 13 de mayo del 2016, en el Diario Oficial El Peruano se publicó  el Acuerdo del IV Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral y previsional sobre  actuación de los nuevos medios probatorios; la Prórroga Automática del Contrato CAS; y la Prescripción de los devengados pensionarios.

Para su conocimiento, reproducimos los acuerdos:




viernes, 20 de mayo de 2016

PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE SENTENCIAS CONSENTIDAS- POSIBILIDAD DE PAGAR EL 30% POR PREPARACION DE CLASES

Como diria el famoso periodista deportivo Alberto Morosini, se siente paso para el pago de la deuda laboral que tiene el Estado Peruano con el Magisterio Nacional. En esta semana que se acaba, siendo preciso, el viernes 20 de mayo de 2016, se ha publicado el Decreto Supremo Nº 114-2016, que amplia el Presupuesto del Sector Público para el pago de las deudas del Estado generadas por sentencias judiciales judiciales consentidas y que a la fecha se encuentran en ejecución. Está norma, faculta el pago hasta por un monto maximo de s/ 50 000.00 soles, para cuyo fin se ha destinado la ampliación presupuestal por hasta 160 000 000,00 de soles. 
Esperamos que la  Comisión Multisectorial, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, tenga en cuenta las deudas de los beneficios laborales contraidas con el magisterio, y proceda a saldarlas conforme a la data de la Sentencias Judiciales, que se encuentran en calidad de cosa juzgada, y a la fecha en ejecución.
Mayor detalle en la norma que se publica seguidamente.

Aprueban normas reglamentarias para la aplicación de la Septuagésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016
DECRETO SUPREMO Nº 114-2016-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO
Que,mediante la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 30137, Ley que establece criterios de priorización para la atención del pago de sentencias judiciales, se autorizó al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional durante el año fiscal 2014, como etapa inicial del proceso de atención de pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución, hasta la suma de S/160 000 000,00 (CIENTO SESENTA MILLONES Y 00/100 SOLES), para el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución no mayores de S/ 50 000,00 (CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES), a favor de los pliegos del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales que se financian con recursos ordinarios;
Que, mediante Decreto Supremo N° 265-2014-EF se autorizó un crédito suplementario hasta por la suma de S/ 34 534 565,00 (TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES) a favor de pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales. Dicha cifra se sustentó en el informe conjunto del Ministerio de Economía y Finanzas y elMinisterio de Justicia y Derechos Humanos, que contenía la relación de pliegos y montos bajo los alcances de la disposición citada en el considerando precedente,
sobre la base de la información actualizada que los propios pliegos entregaron en su oportunidad a la Comisión Multisectorial Evaluadora de Sentencias Judiciales, creada por la Sexagésima Novena Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29812;
Que, la Septuagésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 estableció la reactivación de la Comisión Multisectorial Evaluadora de Sentencias Judiciales a fin de que apruebe un listado complementario de las deudas del Estado generadas por sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución cuyos montos no superen los S/ 50 000,00 (CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES), con el objeto de continuar con el proceso de atención de pagos de dichas deudas, iniciado por la Ley N° 30137;
Que, el numeral 5 de la Septuagésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30372, dispone que mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, se aprueban las normas reglamentarias para la aplicación de dicha disposición;
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, los artículos 11 y 13 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Septuagésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30372;
DECRETA
Artículo 1.- Objeto
El presente decreto supremo tiene por objeto aprobar normas reglamentarias para la aplicación de la Septuagésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, que dispone la reactivación de la Comisión Evaluadora de las deudas del Estado generadas por sentencias judiciales emitidas, constituida mediante la Sexagésima Novena Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012.
Artículo 2.- Función de la Comisión Multisectorial
La Comisión Evaluadora de las deudas del Estado generadas por sentencias judiciales emitidas, constituida mediante la Sexagésima Novena Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29812, es una Comisión Multisectorial de naturaleza temporal, que tiene como función aprobar un listado complementario de las deudas del Estado generadas por sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución, para pagos por beneficiario que no superen la suma de S/ 50 000,00 (CINCUENTAMIL Y 00/100 SOLES), a fin de continuar con el proceso de atención de pagos de dichas deudas, iniciado por la Ley N° 30137, Ley que establece criterios de priorización para la atención del pago de sentencias judiciales.
Artículo 3.- Conformación de la Comisión Multisectorial
3.1 La Comisión Multisectorial se encuentra adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas y está conformada de la siguiente manera:
a) Cinco (05) representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, uno de los cuáles la presidirá; y
b) Tres (03) representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
3.2 Los miembros de la Comisión ejercen su cargo ad honórem.
3.3 La Comisión Multisectorial puede convocar la participación de otras entidades públicas para el mejor cumplimiento de sus fines.
3.4 La Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas actúa como Secretaría Técnica de la Comisión, encargada de brindar asistencia técnica y administrativa, a fin de coadyuvar al cumplimiento de las funciones de la Comisión Multisectorial.
Artículo 4.- Designación de los representantes de la Comisión Multisectorial
Las entidades públicas que conforman la Comisión Multisectorial designan a sus representantes titular y alterno mediante resolución ministerial del Sector correspondiente, en el plazo de tres (03) días hábiles contados a partir del día siguiente de publicada la presente norma.
Artículo 5.- Instalación de la Comisión Multisectorial
La Comisión Multisectorial se instala en el plazo máximo de cinco (05) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación del presente Decreto Supremo.
Artículo 6.- Listado complementario de la Comisión Multisectorial
6.1 La Comisión Multisectorial tiene un plazo de sesenta (60) días calendarios contados a partir de la vigencia de la presente norma, para la elaboración y aprobación del listado complementario de las deudas del Estado generadas por sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución. Dicho listado es presentado, mediante un informe final, a los Titulares del Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a fin de que éste último proponga el decreto supremo a que se refiere el segundo párrafo del numeral 3 de la Septuagésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30372.
6.2 El listado complementario a ser elaborado por la Comisión Multisectorial contiene deudas generadas por las sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución, para pagos por beneficiario que no superen la suma de S/ 50 000,00 (CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES), de los pliegos del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales, que se financian con artículo 2 de la Ley N° 30137.
6.3 El monto total del listado complementario no debe superar la suma de S/ 125 465 435,00 (CIENTO VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO Y 00/100 SOLES).
Artículo 7.- Procedimiento para la elaboración del listado complementario
7.1 El listado complementario de la ComisiónMultisectorial es elaborado sobre la base de la información presentada por los “Comités para la elaboración y aprobación del listado priorizado de obligaciones derivadas de sentencias con calidad de cosa juzgada”, al 31 demarzo de 2015, a que se refiere el artículo 4 del Reglamento de la Ley N° 30137, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2014-JUS.
7.2 Para la elaboración del listado complementario por parte de la Comisión Multisectorial, los titulares de las entidades del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales deben presentar a la mencionada comisión para su evaluación, en un plazo no mayor a 30 días calendarios contados a partir de la vigencia del presente Decreto Supremo, la siguiente información:
a) Listado priorizado al 31 de marzo del año 2015, a nivel del pliego correspondiente, de las deudas del Estado derivadas de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución, elaborado por los Comités referidos en el artículo 4 del Reglamento de la Ley N° 30137.
b) Información de pagos realizados y/o modificaciones al listado priorizado a que se refiere el literal precedente.
7.3 La información mencionada en los literales a) y b) del numeral precedente, incluye copia de las actas suscritas por los Comités referidos en el artículo 4 del Reglamento de la Ley N° 30137, que aprueban las listas elaboradas y/o actualizadas por dichos Comités.
7.4 La referida información debe ser registrada en el Aplicativo Informático “Demandas Judiciales y Arbitrales en Contra del Estado” (http://apps3.mineco.gob.pe/sentenciasjudiciales/), en el plazo señalado en el numeral 7.2 del presente artículo. Para tal efecto, se deben considerar los formatos e indicaciones que señale la Comisión Multisectorial a través de su Secretaría Técnica.
7.5 Con la información remitida y registrada en el aplicativo informático referido en el numeral 7.4 del presente artículo, la Comisión Multisectorial procede a elaborar el listado complementario de las deudas del Estado generadas por sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución, a que hace referencia la Septuagésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30372. Dicha elaboración debe considerar los criterios de priorización establecidos en la Ley N° 30137 y la metodología establecida en el Reglamento de la citada Ley.
Artículo 8.- Responsabilidad de los Comités
8.1 Los miembros del Comité a que se refiere el artículo 4 del Decreto Supremo N° 001- 2014-JUS, son responsables del contenido de la información remitida físicamente, de la consignada en el aplicativo informático, y de la aplicación de los criterios de priorización para la elaboración de la lista priorizada de deudas derivadas de sentencias con calidad de cosa juzgada y en ejecución que remitirán a la Comisión Multisectorial; así como del archivo de la documentación correspondiente.
8.2 Culminada la función de los miembros del Comité, la responsabilidad de registrar y actualizar de manera integral la información sobre las demandas, procesos judiciales y el pago de las deudas generadas por sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada en el citado aplicativo informático, recaerá en las Procuradurías Públicas conforme a lo previsto en la Disposición Complementaria Final del presente Decreto Supremo.
Artículo 9.- Vigencia
El presente Decreto Supremo entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo 10.- Difusión
A efectos de su difusión, el presente Decreto Supremo será publicado en los portales institucionales del Ministerio de Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe) y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (www.minjus.gob.pe), en la misma fecha de publicación para su vigencia en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo 11.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL ÚNICA.- Registro en el Aplicativo Informático “Demandas Judiciales y Arbitrales en Contra del Estado” Crease el Aplicativo Informático “Demandas Judiciales y Arbitrales en Contra del Estado” a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, cuya información es proporcionada por los Procuradores Públicos conforme a los lineamientos que establece el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las Procuradurías Públicas deben registrar y actualizar de manera integral la información sobre las demandas, procesos judiciales y el pago de las deudas generadas por sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada en el citado Aplicativo Informático “Demandas Judiciales y Arbitrales en Contra del Estado”. Para tales acciones, dichos órganos coordinan con lasOficinas Generales de Administración o las que hagan sus veces en la entidad.
En el caso de las entidades que no cuenten con procuraduría pública, el encargado de reportar la información señalada en el párrafo precedente es el Procurador Público del sector al que esta pertenece, en coordinación con la Oficina de Asesoría Jurídica de dicha entidad, o la que haga sus veces.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
Única.- Derogase la Resolución Suprema N° 100-2012-PCM, por la cual se constituye la Comisión Multisectorial encargada de evaluar las deudas del Estado generadas por sentencias judiciales emitidas y deudas pendientes de sentencia con la finalidad de reducir costos al Estado. 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once días del mes de mayo del año dos mil dieciséis.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
ALONSO SEGURA VASI
Ministro de Economía y Finanzas
ALDO VÁSQUEZ RÍOS
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

miércoles, 23 de marzo de 2016

DIRECTORES PIERDEN EJECUCION DE SENTENCIA DE ACCIÓN POPULAR


La decisión judicial, en cuanto se refiere a resolver el archivo de la Sentencia de Acción Popular, era un hecho inminente, es decir, se iba a dar tarde o temprano, toda vez que juridicamente era imposible ejecutar una sentencia consetida, dirigidas afectar normas legales que ya habían sido derogadas, eliminadas del ambito juridico y legal; a lo que suma, que las normas declaradas como inaplicables por la sentencia, no habían surtido sus efectos, pues ningún directivo fue separado de su cargo, durante su vigencia.

Encontraremos mayor explicación en la Resolucion Judicial que se publica, en este servidor:


AUTO DE ARCHIVAMIENTO DE EJECUCION DE ACCIÓN POPULAR

Expediente:
Demandante:
SINDICATO DE DIRECTIVOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS REGIÓN LAMBAYEQUE REPRESENTADO POR MELVA CARDENAS CASTRO
Demandada:
PROCURADOR PUBLICO SUPRANACIONAL ENCARGADO DE LA PROCURADURÍA PUBLICA ESPECIALIZADA EN MATERIA CONSTITUCIONAL
Materia:
NULIDAD DE RESOLUCIÓN
Juez:
PILAR CRISOSTOMO ARANGO
Especialista:
ERIKA CCOYLLO PINO
RESOLUCION N° SIETE
Lima, Catorce de Marzo del Dos Mil Dieciséis. -
A la vista el escrito de un Tercero, ingresado por mesa de partes (C.D.G.), con fecha 26 de enero del 2016; y a este órgano jurisdiccional (Secretaría), con fecha 03 de marzo del 2016. Al Principal: Téngase presente y agréguese a los autos. Al escrito del 19 de febrero del 2016, ingresado por un Tercero, entregado al especialista el 04 de marzo del 2016. A lo solicitado: Téngase presente y estese a lo dispuesto en autos. Al escrito presentado por la parte demandante, ingresado por CDG con fecha 22 febrero del 2016, entregado al especialista 04 de marzo del 2016. A lo Expuesto: Téngase por absuelto el traslado conferido a esta parte conforme a la Resolución N° 04 de fecha 12 de febrero del 2016 (fojas 3131 a 3132), y siendo el presente estado de Ejecución de los autos, corresponde señalar lo pertinente.
CONSIDERANDO:
Primero: Que, mediante escrito de fecha 27 de Enero del 2016 (fojas 3086 a 3089) y escrito de 09 de febrero del 2016 (fojas 3090 a 3112), el Procurador Público Especializado en Materia Constitucional señala, que en la actualidad no hay un solo cargo de director o subdirector de Centros Educativos de Educación Básica Regular que esté siendo ocupado en aplicación a la Resolución N° 0262-2013-ED, así mismo, señala que todos los cargos directivos de centros educativos se han ocupado en mérito al Decreto Supremo N° 003-2014-MINEDU y las Resoluciones Ministeriales N° 204-201-MINEDU y N° 214-2014-MINEDU, normas respecto de las cuales la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República ha señalado que han sido expedidas respetando las normas constitucionales y legales que regulan la carrera magisterial.
Segundo: De igual forma, señala que el Ministerio de Educación con fecha 17 de noviembre del 2013 dispuso la publicación en el Diario El Peruano la Resolución Ministerial N° 0568-2013-ED, a través de la cual SE SUSPENDIÓ el CONCURSO PUBLICO del 2013 (artículo 1) y dejó sin efecto su cronograma (artículo 2), y que al haberse suspendido el concurso público, no se expidió ni un solo acto o disposición que tuviera por objeto reanudarlo, sino más bien se ORDENÓ QUE SE DEJE SIN EFECTO lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 0262-2013-ED, Resolución Ministerial N° 0460-2013-ED y Resolución Ministerial N° 548-2013-ED.
Tercero: No obstante, a lo expuesto, resalta que a través del Oficio N° 1422-2015-MINEDU/VMPG/DIGGEDD la Dirección General de Desarrollo Docente ha aclarado que al 21 de octubre del 2015,los cargos de DIRECTOR Y SUB DIRECTOR de centros educativos públicos de Educación Básica Regular son ocupados por personal docente en virtud del Decreto Supremo N° 003-2014-MINEDU, Resolución Ministerial N° 204-2014-MINEDU, Resolución Ministerial N° 214-2014-MINEDU, cuya constitucionalidad y legalidad ha sido confirmada por la SENTENCIA recaída en el Expediente N° 12875-2014.
Cuarto: De otro lado, conforme a la Resolución N° 04 de fecha 12 de febrero del 2016 (de fojas 3131 a 3132) se tiene por apersonado al Procurador Público del Ministerio de Educación, señalando que ha tomado conocimiento extrajudicialmente de la Resolución No 02 de fecha 27 de enero del 2016 mediante el cual se requiere a la Ejecutada cumpla dentro de los diez días de notificado lo dispuesto en la Acción Popular con Sentencia N° 6140-2014-LIMA de fecha 26 de Marzo del 2015, emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de la República que declaró la Nulidad de la Resolución Ministerial N° 262-2013-ED de fecha 29 de Mayo del 2013, la que aprueba la Directiva N° 018-2013-MINEDU/VMGP/DIGEDD "Normas para el Concurso del acceso a cargo de Directores y Subdirectores de Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica Regular -2013"; sólo en cuanto a los numerales 1) 5.2, 1)6.5, 11)7.3 y 7.10 de la referida norma legal debiendo reponerse a la situación de hecho y de derecho preexistente al 29 de Mayo del 2013.
Quinto: Que, la parte demandante SINDICADO DE DIRECTIVOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LA REGIÓN LAMBAYEQUE representado por Doña Melva Cárdenas Castro, conforme a su escrito de traslado, señala que, se reitere a la emplazada dar cumplimiento efectivo a la Sentencia Constitucional Acción Popular N° 6140-2014-LIMA de fecha 26 de Marzo del 2015 emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social y Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, reponiendo a la situación de hecho y de derecho preexistente al 29 de Mayo del 2013, por consiguiente, reponiéndose en sus puestos de trabajo, cargos de Director y Sub Director de Instituciones Públicas de Educación Básica Regular, a los recurrentes del presente proceso constitucional en etapa de ejecución.
Sexto: Así mismo, señala que en el presente estadio procesal, no se circunscribe a determinar qué es lo que se haya hecho en otro proceso, o si los actuales cargos de directivos están siendo ocupados en virtud a una determinada resolución ministerial, como se pretende entender, sino básicamente determinar si se ha repuesto a la situación de hecho y de derecho a favor de los Directores y Sub Directores demandantes, esto es, si se ha retrotraído las cosas al estado anterior de la vulneración constitucional y/o legal cometida por la emisión de la Resolución Ministerial N° 262-2013-ED y determinada así en la ejecutoria constitucional del 26 de marzo del 2015, al parecer las emplazadas no pretender dar en cumplimiento, determinándose que por simple hecho que la norma en cuestión haya sido dejada sin efecto, no se tenga porque reponer (o retrotraerse) ninguna situación de hecho o derecho preexistente al 29 de mayo del 2013. De igual forma, señala que no puede dejarse desapercibido por el Despacho es que el "argumento sobre que la Resolución Ministerial 262-2013-ED fue dejada sin efecto. "es un argumento repetitivo por parte de la demandada, el cual también fue aducido por ante la Corte Suprema de Justicia de la República, solicitando así la sustracción de la materia, argumentos los cuales fueron desestimados por la Corte Suprema en el referido proceso, determinando así que durante el tiempo de la puesta en vigencia de dicho dispositivo legal se vulneraron derechos constitucionales y/o legales, los cuales merituaban emitir un pronunciamiento de fondo, ergo declarando infundada la solicitud de sustracción en la materia incoada.
Sétimo: Cabe señalar, que mediante la Sentencia de fecha 09 de enero del 2014 la Cuarta Sala laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda de Acción Popular interpuesta contra la Resolución Ministerial No 262-2013-ED que aprueba la Directiva N° 018-2013-MINEDU/VMGP, DIGEDD, que regulaban el Concurso de Acceso a Cargos Directivos 2013. De otra parte, la Sentencia emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social y Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República ha reformado la Sentencia emitida por la Cuarta Sala Laboral Permanente de Lima declarando la Nulidad de la Resolución Ministerial No 262-2013-ED que aprobó la Directiva N° 018-2013-MINEDU/VMGP-DIGED únicamente en los numerales 1, 5.2, 1, 6.5, 11, 7.3 y 7.10 y con retroactividad en su fecha de publicación en el diario "El Peruano" debiendo reponerse a la situación de hecho y de derecho preexistente al 29 de Mayo del 2013; siendo a mérito de la Sentencia emitida por la Cuarta Sala Laboral Permanente de Lima, el Ministerio de Educación por medio de la Resolución N° 204-2014-MINEDU de fecha 21 de Mayo del 2014, aprobó la norma técnica denominada "Normas para la Evaluación Excepcional prevista en la Décima Primera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial y además dejó sin efecto las Resoluciones Ministeriales N° 0262-2013-ED y todas las relacionadas al Concurso de Acceso a Cargos de Director y Subdirector de Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica Regular 2013.
Octavo: Del estudio de autos se verifica que, por Sentencia expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente - Corte Suprema de Justicia de la República que, el colegiado efectivamente denegó el pedido de Sustracción de la materia planteado por el Procurador Público Especializado Supranacional en materia Constitucional de fecha 12 de Marzo del 2015 al determinar que si bien, es cierto se dejó sin efecto la cuestionada Resolución Ministerial N° 262-2013-ED, ello no implica sustracción de la materia, por ser necesario pronunciamiento del Juzgador sobre la inconstitucionalidad y o legalidad que se le imputa señalando demás que "al ser la ilegalidad de la citada norma un vicio que se consuma, al momento de su entrada en vigencia en nada resulta alterado el efecto congénito si la misma dejada sin efecto; la situación de ilegalidad y/o inconstitucionalidad no puede ser considerada saneada por la desaparición posterior de la norma transgredida ...". De lo señalado se concluye que la Corte Suprema efectivamente, desestimó el pedido de sustracción de la materia, por haberse dejado sin efecto la Resolución N° 0262-2013-ED, pero ello obedeció a la pretensión del demandado, respecto a que no haya pronunciamiento del fondo sobre la Acción Popular incoada, no siendo ello ahora el cuestionamiento a resolverse, sino si se ejecutó o no se ejecutó la Sentencia de Acción Popular N° 6140-2014.
Noveno: Teniendo en cuenta lo expuesto y que por Resolución Ministerial N° 568-2013-ED se suspende el concurso de Acceso a cargos de Director y Subdirector de Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica Regular-2013; y que por Resolución Ministerial N° 204-2014-MINEDU conforme al Artículo 4o, se dejó sin efecto la Resolución Ministerial N° 0262-2013-ED; por tanto se concluye que dicha resolución no llegó a surtir sus efectos en ningún momento, por tanto no hay situación de hecho que restituir por efectos de la cuestionada Resolución Ministerial mencionada, de ello se concluye que la Sentencia ha sido ejecutada; que si bien es cierto con posterioridad se realizó una convocatoria, en mérito del cual se cubrieron las plazas de directores y subdirectores, ello fue por efectos de norma distinta, esto es el Decreto Supremo No 003-2014-MINEDU, Resolución Ministerial N° 204-2014-MINEDU y Resolución Ministerial N° 214-2014-MINEDU, las mismas que inclusive fueron materia de pronunciamiento judicial por la Sala de Derecho Constitucional Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República en la Acción Popular 12875-2014, cuyas copias obran de fojas 2782 a 2794 del TOMO III, que determinó su constitucionalidad.

Décimo: De lo expuesto precedentemente, se tiene por concluida la ejecución de la Sentencia de fecha 26 de marzo del 2015, emitida por la Sala de Derecho Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República en la Acción Popular No 6140-2014 por consiguiente esta Judicatura DISPONE: ARCHIVESE los presentes autos consentida o ejecutoriada que sea la presente.